Responde al PP y después de que Vox le acusara de enseñar a “delincuentes, violadores o asesinos” a “ocultar” su pasado
MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
El Gobierno ha recordado que cualquier condenado que haya cumplido su responsabilidad penal tiene derecho a que se le cancelen sus antecedentes penales, al hilo de las críticas de la oposición a una campaña del Ministerio de Justicia que explicaba cómo solicitar esa cancelación si el historial delictivo supone un problema para, por ejemplo, conseguir la nacionalidad o permisos de residencia.
En una respuesta por escrito a diputados del PP, y a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo desmiente que se produzca “borrado” alguno de los antecedentes, sino que el proceso es la “cancelación” del historial penal “conforme a la normativa vigente y siempre que se cumplan los plazos y requisitos exigidos por la Ley”.
Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo dar a conocer a los internos de las cárceles, así como a los profesionales de los diferentes centros penitenciarios, el derecho de solicitar la cancelación de sus antecedentes penales y de delitos de carácter sexual con el fin último de facilitar su reincorporación social.
El Gobierno explica que los condenadas en sentencia firme que hayan “extinguido” su responsabilidad tienen derecho a que Justicia, “de oficio o a instancia de parte”, cancele sus antecedentes.
Y hace hincapié en que la existencia de antecedentes no cancelados puede conllevar consecuencias en los ámbitos penal, administrativo y laboral, como la aplicación en una sentencia de la agravante de reincidencia o influir de manera negativa en la reinserción a la hora de optar a un trabajo o a permisos estatales como la nacionalidad, la adopción o la acogida, entre otros.
Por último, el Gobierno expone en su respuesta que los recursos explicativos del Ministerio de Justicia informa sobre los pasos a seguir para solicitar la cancelación de los antecedentes a través de la sede electrónica, de manera presencial o por correo postal.
32.000 SOLICITUDES
“Dentro de la línea de actuación para digitalizar y agilizar la gestión de los procesos, el Ministerio de Justicia está mejorando sustancialmente los servicios actuales ofrecidos vía internet para la solicitud de cancelación de antecedentes penales, con la incorporación de novedades como el seguimiento exhaustivo del estado de tramitación de la solicitud efectuada, tanto en papel, como digitalmente. Con estas novedades la ciudadanía gana en inmediatez, acceso al servicio 24/7 y evita desplazamientos y, por tanto, es importante que sean conocidas”, defiende el Ejecutivo.
Fue en el mes de junio, al difundir Justicia un vídeo explicativo en redes sociales de una iniciativa promovida por el Ministerio e Instituciones Penitenciarias, cuando Vox acusó al Gobierno de enseñar a “delincuentes, violadores o asesinos” a “ocultar” sus antecedentes con el objetivo de lograr la nacionalidad española.
“Ya no se conforman con abrir nuestras fronteras de par en par a la inmigración ilegal. Ahora incluso desde el Ministerio se enseña a los violadores y otros delincuentes la manera de ocultar sus crímenes”, denunció el líder de Vox, Santiago Abascal, en un comentario publicado en su cuenta de Twitter el pasado 13 de junio.
Según datos del propio Gobierno, hasta 32.000 ciudadanos han usado desde marzo de 2021 este sistema, que consiste en un programa automatizado para la cancelación de antecedentes penales.
El Código Penal establece que a los condenados con su responsabilidad extinguida se le puedan cancelar sus antecedentes siempre que cumplan un plazo sin haber vuelto a delinquir, que va de seis meses para las penas leves a diez años para las penas graves.
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