MADRID, 27 (SERVIMEDIA)
El Consejo de Ministros aprobó este martes extender hasta el 31 de diciembre de 2023 la prohibición de que las empresas beneficiarias de ayudas públicas como consecuencia de la guerra en Ucrania puedan acometer despidos por circunstancias relacionadas con este conflicto.
Esta es una de las medidas contempladas en el Real Decreto-ley por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea.
El texto prorroga las medidas laborales vinculadas con el disfrute de ayudas públicas. De esta manera, el aumento de los costes energéticos no podrá constituir causa objetiva de despido hasta el 31 de diciembre de 2023. El incumplimiento de esta obligación conllevará el reintegro de la ayuda recibida, según explica el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
En la misma línea, las empresas que se acojan a las medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se beneficien de apoyo público no podrán utilizar estas causas para realizar despidos.
Por otra parte, también se amplían hasta el 31 de diciembre de 2023 las medidas de apoyo para la reparación de los daños y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma, los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) vinculados a la situación de fuerza mayor temporal en el supuesto de empresas y personas trabajadoras de las Islas Canarias afectadas por la erupción volcánica registrada en la zona de Cumbre Vieja.
Del mismo modo, el texto incluye nuevos permisos para favorecer la conciliación de padres, madres y personas con familiares en situación de dependencia, al tiempo que equipara los 15 días de permiso retribuido por pareja de hecho y por contraer matrimonio.
El nuevo texto también establece garantías para que las personas trabajadoras no puedan sufrir perjuicios como consecuencia del ejercicio de estos nuevos derechos de conciliación.
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