La negociación formal con los grupos parlamentarios no ha comenzado aún
MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
El Gobierno quiere tener lista antes de finales de año la nueva ley de industria, y para ello ha sacado a exposición pública el anteproyecto legislativo con el que fomentar el diálogo con los sectores industriales, agentes sociales y partidos políticos para alcanzar un consenso lo más temprano posible.
El cronograma con el que trabaja el Ministerio de Industria y Turismo contempla aprobar el anteproyecto de ley de industria y autonomía estratégica en Consejo de Ministros a lo largo del mes de septiembre para negociar con las formaciones políticas el documento y conseguir el plácet del Congreso de los Diputados a lo largo del último trimestre del ejercicio.
El objetivo vector del proyecto es la reindustrialización del tejido económico nacional, al tiempo que se busca incrementar la productividad del sector mediante la simplificación de trámites administrativos, la aplicación de nuevas soluciones digitales o la innovación en el marco de una nueva cultura industrial.
Asimismo, esta hoja de ruta demuestra la necesidad de generar una nueva autonomía estratégica a nivel europeo, evitando procesos de deslocalización y desindustrialización a fin de reducir las dependencias de grandes centros productivos a nivel mundial y evitar posibles crisis de abastecimiento como la sufrida durante los primeros meses de la pandemia de la COVID-19 con el material médico.
La intención es hacer partícipes del documento a las comunidades autónomas, explican fuentes del Ministerio de Industria y Turismo a Europa Press desde donde apuntan a la necesidad de colaboración entre entidades públicas y privadas desde el diagnóstico hasta la evaluación.
Entre las novedades del proyecto que prepara el Gobierno se contempla una nueva regulación de los instrumentos de planificación estratégica con las directrices básicas de la nueva política industrial europea válidas hasta 2030, según los cálculos del Ministerio.
Al tiempo, desde un punto de vista más específico, el Ejecutivo prepara un plan estatal de industria y autonomía estratégica con programas concretos, medidas, recursos y procedimientos con una duración de 3 años de validez.
Para conseguirlo se crearán nuevos órganos de gobernanza como el Consejo Estatal de Política Industrial, para mejorar la coordinación interministerial, y se regularán las funciones y competencias de la Conferencia Sectorial de Industria y Pyme y del Foro de Alto Nivel de la Industria Española.
PROYECTOS SIMILARES A LOS PERTE Desde el punto de vista económico, el departamento que dirige Jordi Hereu quiere institucionalizar una figura similar a los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (Perte) más allá de los fondos Next Generation, cuya fecha de finalización prevista es el 30 de junio de 2026. El foco estará puesto en impulsar los ecosistemas industriales en España y proyectos concretos necesitados de financiación.
También se incorpora en el texto una nueva regulación para la ordenación de los procesos de reindustrialización ante situaciones derivadas de posibles casos de deslocalización en los que el Gobierno actuará como apoyo para “proteger” la actividad económica de interés nacional y regional.
Este proyecto en el que trabaja el Ejecutivo central viene a sustituir a la Ley de industria de 1992 en un contexto muy diferente al de los primeros años de la década de 1990, en la que España se preparaba para entrar en la Comunidad Económica Europea en plena eclosión de la globalización sin matices, donde la competitividad venía ligada a la longitud de la cadena de logística y en un mundo en el que era indiferente dónde producir.
AUTONOMÍA ESTRATÉGICA
En este contexto, cuando el mundo se bloqueó en marzo de 2020, Europa contempló la necesidad de establecer un proyecto de autonomía estratégica para garantizar la producción de bienes estratégicos y de primera necesidad que ahora se busca articular a través de esta ley que vinculará la industria a la seguridad nacional.
Sin embargo, no se trata de tener ciertos productos considerados estratégicos almacenados, sino de disponer de un listado de productos críticos y de las capacidades de producción nacional, susceptibles de movilizarse con rapidez ante una situación de crisis para atender una demanda alta e inesperada.
El objetivo es asegurar la capacidad autónoma de producción nacional de estos productos esenciales en una situación de crisis en la que no esté asegurado el suministro exterior o puedan interrumpirse las cadenas de flujo comercial internacional.
La idea del Gobierno con la creación de esta reserva estratégica, según el departamento de Hereu, es colaborar con las empresas para que puedan mantener, junto a sus habituales líneas de producción de carácter comercial, una capacidad latente de adaptación a la producción de bienes estratégicos capaz de ponerse en marcha y escalar la producción con gran rapidez en caso de emergencia.
TALENTO Y CULTURA INDUSTRIAL
Además, otro de los vectores de la legislación pasará por la búsqueda de talento, capacitación y de la previsión de perfiles que pueda necesitar la industria española con la formación en habilidades para que “nadie se quede atrás”.
Otros países pueden competir solo por precios, pero está claro que Europa lo hace en cuanto a calidad, explican fuentes ministeriales.
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