Mario Josué Prieto fue condenado a 12 años de cárcel tras participar en las manifestaciones antigubermantales en julio de 2021
MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
El Gobierno ha aclarado que no puede prestar asistencia a Mario Josué Prieto, un joven español encarcelado en Cuba por participar en las manifestaciones antigubernamentales de 2021 en la isla y acusado de sedición, ya que este sigue teniendo también la nacionalidad cubana.
Así lo ha indicado en una respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso Europa Press, después de que el PP se interesara por este caso y por el apoyo que el Gobierno le está brindando después de la petición de ayuda de sus padres, los cuales mandaron en septiembre una carta al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.
Exteriores ha explicado que tanto la Embajada como el Consulado General en La Habana “han venido siguiendo el caso” y han realizado gestiones ante las autoridades cubanas “para aliviar su situación penitenciaria”.
Sin embargo, han aclarado que dado que Prieto también ostenta la ciudadanía cubana “no es posible prestar la habitual asistencia al detenido” que normalmente se brinda en los casos de los españoles encarcelados en el extranjero.
En su caso, el motivo no es otro que el artículo 36 de la Constitución cubana, el cual señala que “los ciudadanos cubanos, mientras se encuentren en territorio nacional (…) no pueden hacer uso de una nacionalidad extranjera”, ha explicado Exteriores en la respuesta.
Con todo, ha asegurado que la Embajada en La Habana “está en contacto con la familia” de Prieto. El joven, que residía en Estados Unidos, quedó atrapado en la isla durante una visita a su familia debido al inicio de la pandemia en marzo de 2020.
EL CASO
El 11 de julio de 2021 participó en una manifestación antigubernamental en Holguín y fue detenido, si bien salió en libertad dos días más tarde, para volver a ser arrestado el 23 de julio. Posteriormente, fue condenado a 12 años de cárcel por sedición.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) envió en septiembre al Gobierno un informe jurídico de la situación de Mario Josué Prieto, a quien define como “preso político”. Según este organismo, que ha analizado la sentencia en su contra, en ningún momento quedó probado el delito de sedición del que se le acusa y no se respetó el principio o garantía de que las personas deben ser juzgadas por un juez natural y no por tribunales o salas de excepción, así como tampoco se tuvieron en cuenta las circunstancias personales y de salud del detenido.
En opinión del OCDH, el hecho de que las autoridades cubanas estén aplicando el “principio de ciudadanía efectiva, no impide que las autoridades españolas intervengan” en este caso, dado que “se han cometido errores jurídicos evidentes y se trata de una situación grave y humanitaria, con peligro para la vida del ciudadano español”. Así, sostuvo que “la presión de España podría ser determinante para obtener la liberación”.
El observatorio previno entonces de que Prieto es paciente psiquiátrico y había llevado a cabo dos intentos de suicidio. A estos se habría añadido uno más la semana pasada, cuando intentó suicidarse en el hospital en el que está recluido en Holguín por los problemas de salud que ha presentado desde su entrada en prisión, según relató su madre a ‘Libertad Digital’.
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