MADRID, 18 (SERVIMEDIA)
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, alejó este jueves la posibilidad de llevar a cabo la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal que reclaman entidades como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) para evitar que las comunidades de vecinos puedan rechazar la implementación de reformas de accesibilidad si las obras superan determinado importe.
Así lo indicó este jueves a los medios de comunicación antes de reunirse con los consejeros de Vivienda de las comunidades autónomas, a las que repartirá 430 millones de euros para la rehabilitación y construcción de vivienda asequible procedentes de los fondos europeos Next Generation.
Rodríguez señaló que la rehabilitación de viviendas es una línea estratégica del Ejecutivo, tanto para mejorar la accesibilidad como la eficiencia energética, pero apuntó que en la cuestión de las reformas de accesibilidad “no es tanto un problema de carácter legal, sino de disposición de fondos” porque son “obras costosas” para las comunidades de vecinos, que suelen encontrarse, además, en “zonas más deprimidas”.
La reforma de la Ley de Propiedad Horizontal es una reivindicación histórica del sector de la discapacidad en materia de vivienda. La modificación implicaría acabar con el límite de 12 cuotas mensuales de los gastos comunes de la comunidad de vecinos a la hora de obligar a afrontar obras de mejora de la accesibilidad. Por debajo de este límite, la mejora se puede imponer, pero si el gasto lo excede, los vecinos no están obligados a asumirlo. En la práctica, esto supone que muchas reformas no se llevan a cabo.
REGULACIÓN DE PRECIOS
Acerca del índice de precios de alquiler con el que se limitarán los precios, recordó que estará listo en febrero y pidió a las comunidades autónomas que atiendan a los ayuntamientos que han solicitado la declaración de zonas tensionadas pese a la negativa de los gobiernos autonómicos. Cataluña será la primera en implementar los controles, pues las regiones gobernadas por el PP ya avanzaron que no lo harían y tampoco lo han solicitado, de momento, Asturias, Navarra, País Vasco y Castilla-La Mancha.
Sobre si regularán en paralelo los alquileres de habitaciones a los de temporada o turísticos que ya ha anunciado el Ejecutivo, indicó que la tensión del mercado está “propiciando” este tipo de contratos, que se contemplan en el Código Civil y son “objeto de estudio de análisis y lo serán de acción por parte de los departamentos”.
No obstante, destacó que cuando habla de un “gran pacto de país” por la vivienda se refiere a esta cuestión, porque “un solo instrumento” como la Ley de Vivienda, el impulso del Gobierno, las comunidades autónomas o los operadores privados no resuelven en solitario el problema. “Se trata de que todos nos concentremos en torno a un objetivo común que es posibilitar el acceso a la vivienda asequible en condiciones de dignidad”, añadió.
Por otro lado, Rodríguez evitó concretar en qué cuantía aumentará la financiación del Bono Alquiler Joven y pidió esperar a que se presenten los Presupuestos Generales del Estado (PGE). El aumento de esta partida, que contó con 200 millones de euros anuales en 2022 y 2023, es un compromiso adquirido en el programa de Gobierno entre PSOE y Sumar. Subrayó que en la nueva convocatoria solventarán los “problemas” que tuvieron las anteriores, de las que hizo un balance “positivo”.
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