MADRID, 15 (SERVIMEDIA)
El acuerdo del Gobierno con la banca para aliviar la carga hipotecaria de familias vulnerables, plasmado en el decreto que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 22 de noviembre, recibió este jueves un amplio respaldo por parte del Congreso de los Diputados.
El decreto obtuvo el aval para su convalidación de la mayoría de las principales formaciones políticas.
En la defensa del decreto, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, aseguró que el decreto busca proteger a más de un millón de familias “anticipándonos al impacto” que pueda tener el alza del euríbor, “sobre todo con la revisión de los créditos en la primera parte del año próximo”. “No responde a una preocupación de tipo macroeconómica o relacionada con la estabilidad financiera”, aclaró en el hemiciclo.
Calviño celebró como una “muy buena noticia” que los principales bancos hayan anunciado su adhesión al código de buenas prácticas impulsado con este decreto, con el que dijo que “se culmina la construcción de una red de protección” a hogares en situación delicada para afrontar el pago de su hipoteca.
Por el PP, que desde el principio ha mostrado su apoyo al acuerdo del Gobierno con la banca, Elvira Rodríguez lamentó que el decreto “mezcle churras con medinas, lo que hace difícil adoptar una posición clara” frente a él.
Para los populares, el decreto se queda corto porque deja fuera a muchas familias de clase media. También censuran que el Gobierno vuelva a “aplicar el rodillo declarando de extrema urgencia” este asunto imponiendo medidas vía decreto.
Rafael Mayoral, de Unidas Podemos, dijo que su formación apoya las medidas pero dudó del cumplimiento generalizado de algo voluntario por la banca. A esta queja se sumaron portavoces de otras formaciones como Pilar Vallugera, de ERC; Íñigo Erregón, de Más Madrid, y Néstor Rego, del BNG.
En representación del PNV, Idoia Sagastizábal valoró el decreto como un conjunto de medidas “que van en la buena dirección”, “selectivas” y que “protegen a los más necesitados”.
Según la diputada de Ciudadanos María Muñoz, las medidas pactadas con las entidades financieras son “positivas” “y muestran una buena predisposición por parte del sector bancario”.
Rubén Manso, de Vox, manifestó que el código de buenas prácticas es “cosmético” por su voluntariedad, aunque su partido está de acuerdo con ella.
REESTRUCTURACIÓN DEL PRÉSTAMO
El paquete de medidas que este jueves recibió el plácet de la Cámara Baja contempla acciones dirigidas a familias con una renta máxima de 29.400 euros que se estén viendo afectadas por el encarecimiento de las hipotecas.
El decreto refuerza con un nuevo código de buenas prácticas para deudores hipotecarios vulnerables el hasta ahora vigente de 2012, de forma que se podrá reestructurar el préstamo hipotecario con un tipo de interés más bajo durante la carencia del principal de cinco años (euríbor -0,1% frente al euríbor +0,25% actual).
Asimismo, se amplía a dos años el plazo para solicitar la dación en pago de la vivienda y se contempla la posibilidad de una segunda reestructuración, en caso necesario.
También se facilita el alquiler social de las viviendas en situación de riesgo de desahucio para que el plazo pueda ser de 12 meses en lugar de seis meses y se introduce la obligación de “garantizar la salvaguardia” de los derechos de los deudores hipotecarios en casos de venta de cesión de crédito.
Con el objetivo de ampliar el ámbito de actuación, se permite que los hogares con renta inferior a 25.200 euros al año, es decir, tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), que dediquen más del 50% de su renta mensual al pago de la hipoteca pero no cumplan el criterio actual del incremento de un 50% del esfuerzo hipotecario, puedan acogerse al código con una carencia de dos años, un tipo de interés menor durante la carencia y un alargamiento del plazo de hasta siete años.
Con el nuevo código, podrán beneficiarse los hogares con renta inferior a tres veces y media el Iprem (29.400 euros anuales) con hipotecas suscritas hasta el 31 de diciembre de 2022, una carga hipotecaria superior al 30% de su renta y que haya subido al menos el 20%. Para todos estos casos, las entidades financieras deberán ofrecer la posibilidad de congelación durante 12 meses de la cuota, un tipo de interés menor sobre el principal aplazado y un alargamiento del plazo del préstamo de hasta siete años.
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