MADRID, 18 (SERVIMEDIA)
El Gobierno tiene previsto recurrir a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para auspiciar el desarrollo de habilidades tecnológicas y la alfabetización digital de la población, especialmente de las personas mayores.
Lo constató en una respuesta por escrito a una pregunta formulada por los diputados socialistas María Ángeles Marra y José Zaragoza, quienes se interesaron por las previsiones del Gobierno concernientes a las habilidades digitales y la alfabetización digital de la población, en especial de las personas mayores, según lo establecido en la estrategia ‘España Digital 2025’.
En su respuesta, el Ejecutivo explicó que en su momento puso en marcha el Plan Nacional de Competencias Digitales, el cual, dotado con 3.750 millones de euros hasta 2023, tiene como objetivo “superar los retos identificados mediante una hoja de ruta que guíe, identifique, diseñe y evalúe las políticas públicas necesarias para el desarrollo de las capacidades digitales, de todo tipo (básicas, avanzadas y especializadas) y para toda la ciudadanía (con un énfasis particular en personas adultas mayores)”.
En ese sentido, el plan dedica la primera línea de actuación del eje destinado a competencias digitales transversales a la capacitación digital de la ciudadanía, con el objetivo de que “todas las personas puedan comunicarse, comprar, realizar transacciones, relacionarse con las administraciones usando las tecnologías digitales con autonomía y suficiencia”.
Para ello, se pondrá “especial énfasis” en aquellos colectivos que tienen más dificultades para adquirir estas competencias, como las personas mayores o las personas con bajos niveles de renta, de zonas no urbanas o con bajo nivel educativo.
El Gobierno expuso que habrá parte de esos colectivos que por su rango de edad se consideren población activa, por lo que la referida línea “pretende orientarse a ese 8% de la población española que jamás se ha conectado a Internet y casi 20 millones que no posee competencias digitales básicas”.
Para hacerlo posible, se diseñarán medidas ‘bottom-up’ involucrando a los “agentes de proximidad”, a través de las comunidades autónomas y las entidades locales, puesto que lo local se considera “particularmente importante”, atendido a las buenas prácticas internacionales.
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