MADRID, 03 (SERVIMEDIA)
El Gobierno ya tiene “casi identificado” el cauce legal que se va a utilizar para corregir “cuanto antes” el error del Ministerio de Igualdad, que eliminó del Estatuto de los Trabajadores la reducción o adaptación de jornada por conciliación como motivo de nulidad de un despido.
Así lo anunció este martes el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, en la rueda de prensa mensual de presentación de los datos de paro y afiliación, donde explicó que están trabajando sobre esta materia los Ministerios de Trabajo, Igualdad y el de Presidencia y Relaciones con las Cortes.
El fallo entró en vigor en agosto y se debe a varios errores en diferentes normas por parte del Ministerio de Igualdad que ya reconoció la propia titular del ramo, Ana Redondo. Desde el Gobierno ya señalaron que se corregirá este problema de forma inmediata en el Parlamento.
Este martes, Pérez Rey insistió en que se corregirá en el “primer trámite parlamentario a nuestra disposición y en el que más rápido se pueda aprobar”.
Entre tanto, el secretario de Estado avisó de que el hecho de que estas dos causas de nulidad objetiva hayan desaparecido del Estatuto de los Trabajadores, “no por la voluntad del Gobierno sino por el error cometido en la fase técnica en el Ministerio de Igualdad”, no implica “en absoluto” que los trabajadores con reducción de jornada por conciliación o enfermedad puedan ser despedidos.
“Todo lo contrario, a nadie en España se le puede represaliar o puede tener consecuencias negativas derivadas del ejercicio de sus derechos de conciliación. Esto, más allá de si es una causa de nulidad automática o no, es algo que impide despedir por esta causa y que afecta a los derechos fundamentales”, ahondó.
Asimismo, explicó que, “naturalmente”, se han dado instrucciones desde el inicio a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que se “vigilen este tipo de conductas empresariales”, de las que dijo que espera que “no se produzcan”.
DIRECTIVA DE CONCILIACIÓN
Por otro lado, el secretario de Estado volvió a reconocer el incumplimiento de España de la aplicación de la Directiva europea de conciliación, lo que supone una multa de unos siete millones de euros y que, además, se va incrementando diariamente.
“Más allá de cuál es la cantidad o en qué consiste la multa, yo lo que confío es que cuanto antes logremos, el conjunto de ministerios implicados en esta materia, transponer y reconocer los derechos de conciliación que derivan de esa directiva y dar, por cierto, cumplimiento al programa de coalición de Gobierno, que expresamente habla de ampliar los permisos de nacimiento cuatro semanas y los permisos parentales retribuidos en otras cuatro”, exhortó Pérez Rey.
Por lo tanto, manifestó que “más allá de la transposición de la directiva y de esta situación incómoda en virtud de la cual España está siendo efectivamente mirada por el incumplimiento de los plazos de transposición, creo que debemos cuanto antes ponernos manos a la obra y dar cumplimiento no solo a la directiva”, sino al programa del Ejecutivo, que “cumple con creces” las exigencias de esa directiva.
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