MADRID, 04 (SERVIMEDIA)
El Gobierno creará centros especializados para abordar los trastornos que sufren los menores de edad relacionados con su adicción al uso y los contenidos derivados de los dispositivos tecnológicos y modificará el Código Penal para incluir la figura de la orden de alejamiento virtual con el objetivo de que “los agresores condenados no pueden contactar vía redes sociales con la víctima”.
Lo dijo este martes el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó el anteproyecto de ley de protección a la infancia en el entorno digital, una norma que se incardina en la acción que el Gobierno está llevando a cabo para abordar la irrupción de la tecnología entre los menores de edad y los efectos que aquella tiene sobre éstos.
Bolaños explicó que el texto aprobado será remitido a los órganos consultivos del Estado para que elaboren sus informes preceptivos. Una vez concluida esta fase de trabajos, el anteproyecto regresará al Consejo de Ministros para aprobarlo como proyecto de ley y remitirlo a las Cortes Generales, lo que calculó que sucederá “a la vuelta del verano”.
Este anteproyecto se acompaña de un informe con un diagnóstico y un análisis del impacto de los entornos digitales en menores de edad realizado por el Ministerio de Juventud e Infancia, con las primeras aportaciones del grupo de 50 expertos que se conformó con el objetivo de diseñar una estrategia de país que promueva un entorno digital seguro para los chavales.
Cabe recordar que, según Unicef, la edad media para tener el primer móvil es de once años, a lo que se añade que el 94,8% de los adolescentes dispone de un teléfono móvil con Internet y un 90,8% se conecta todos o casi todos los días.
Del mismo modo, el 49,6% de los adolescentes utiliza Internet más de cinco horas al día los fines de semana y un 31,6% hace ese mismo uso entre semana. Además, el 98,5% de los menores está registrado en alguna red social y hasta en un 83,5% lo está en tres o más.
El estudio ‘Consumir, crear, jugar. Panorámica del ocio digital de la juventud’, elaborado por FAD Juventud, pone de manifiesto que los chavales utilizan el entorno digital para comunicarse (84,1%), buscar información (83,6%) y por ocio, dedicando casi siete horas al día de conexión.
DERECHOS DIGITALES
Con este contexto como telón de fondo, el Gobierno impulsa el antedicho anteproyecto de ley, en cuya elaboración han trabajado el Ministerio de Juventud e Infancia, el de Transformación Digital y el de Justicia, que consagra en su artículo dos los derechos de los menores de edad en los entornos digitales.
Félix Bolaños explicó que la norma obligará a los poderes públicos a poner en marcha campañas de sensibilización sobre los derechos de los menores y los riesgos asociados al entorno digital, cuyos destinatarios serán las familias.
En ese sentido, se insta al establecimiento de espacios de ocio y lúdicos “saludables” para los menores al margen del ámbito digital y de las redes sociales y se pondrá en marcha tras el verano una estrategia nacional para la protección de la infancia y la juventud en los entornos digitales, que deberá revisarse cada tres años.
En el ámbito sanitario, se fomentará la detección precoz, la prevención y la atención especializada de menores con adicciones asociadas al ámbito tecnológico, para lo cual se crearán centros de salud mental para afrontar estas patologías y se formará a los sanitarios en este tipo de trastornos.
En lo educativo, se auspiciará la “educación en ciudadanía digital”, en privacidad, en “alfabetización mediática” y la formación en propiedad intelectual, en protección datos y en riesgos asociados con las redes sociales.
REFORMA CÓDIGO PENAL
A su vez, Félix Bolaños avanzó que se modificará el Código Penal para la tipificación de nuevos delitos, como la ultrafalsificación digital de voces e imágenes creadas por inteligencia artificial y que simulan situaciones de contenidos de índole sexual y gravemente vejatorios contra las personas.
También se regula el alejamiento virtual, de tal modo que los agresores condenados no puedan acceder vía redes sociales con la víctima y la inhabilitación para desarrollar actividades redes sociales.
Del mismo modo, se tipifica como delito el ‘grooming’ (acoso sexual a menores a través de medios informáticos o telemáticos, especialmente mediante chats y redes sociales) y la difusión de material pornográfico a menores englobando cuestiones que actualmente están impunes.
Por su parte, el texto aprobado por el Consejo de Ministros establece la obligatoriedad de que los fabricantes incluyan de serie una aplicación gratuita y accesible de control parental en los teléfonos móviles, ‘tablets’, ordenadores y televisiones de uso inteligente y la inclusión en el etiquetado de los productos digitales de un lenguaje comprensible para la infancia y para las personas con discapacidad.
También se obliga a las plataforma de intercambio de vídeos a incorporar un enlace directo al canal de denuncias y a los sistemas de control parental; se prohíben las ‘loot boxes’, unos mecanismos de recompensa que se pueden comprar dentro de los videojuegos; se refuerzan las obligaciones de los ‘influencers’, que tendrán que desarrollar medidas de protección a la infancia en sus actividades; se eleva de 14 a 16 años la edad para crear un perfil en redes sociales; y se amplían los casos en los que se podrán retirar contenidos online.
Por último, Bolaños confío en que esta norma sirva de base para que la UE desarrolle una legislación homogénea en la UE sobre esta materia y presumió de que con el texto “evitamos riesgos menores y facilitamos tranquilidad de las familias”.
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