El texto que prepara el Ministerio de Sira Rego pauta umbrales mínimos de plantilla en centros, inspección obligatoria y sanciones
MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
El Gobierno ultima un decreto no de ley (reglamento) para fijar condiciones mínimas en el sistema de acogida de menores en todo el país, que establecerá umbrales mínimos de número de trabajadores y niños en centros de menores, un sistema de inspección obligatorio sobre las condiciones en los mismos e incluso un régimen sancionador en caso de incumplimientos e irregularidades.
Así lo han indicado fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, para explicar que se trata de una medida en la que llevan meses trabajando y que quieren tener lista cuanto antes, máxime tras el asesinato de una educadora social de 35 años en una vivienda tutelada en Badajoz por parte de tres menores. “Lo que ha pasado en Badajoz exige que se mejore todo”, han apostillado.
La previsión por parte del departamento dirigido por la ministra Sira Rego es que el borrador de este decreto esté completado en una semana y en dos pueda iniciarse el procedimiento interno dentro del Gobierno, basado en recabar la opinión y consideraciones del resto de Ministerios.
De esta forma, las citadas fuentes estiman que en el plazo de un mes o mes y medio llegue al Consejo de Ministros la medida, que entraría ya en vigor al no tener que pasar por el Congreso al tratarse de un decreto no de ley.
50.000 MENORES EN EL SISTEMA
Actualmente, existen casi 50.000 menores atendidos dentro del modelo de acogida, con unos 26.000 dentro del modelo de acogimiento familiar y cerca de 23.000 en centros gestionados por las comunidades autónomas, según los datos que maneja el Ministerio de Juventud e Infancia. Y recuerdan que el sistema de acogimiento es universal, sin distingos entre menores extranjeros y con nacionalidad española.
El objetivo de esta iniciativa es “elevar” y “mejorar” los estándares mínimos del sistema de acogida de menores, con un texto trabajado con sindicatos, entidades de los trabajadores de centros tutelados y de asociaciones de exmenores de niños tutelados.
De esta forma, el objetivo es “reforzar” los derechos de los menores y las condiciones laborales de los trabajadores sociales y educativos.
Por ejemplo, se pautará un protocolo de inspección por parte de las autonomías obligatorio y cuyos datos se tendrán que reportar al Gobierno, dado que ahora esta condición no es imperativa para las comunidades.
En este punto, se pautará un sistema sancionador para el caso de que se detecten irregularidades o incumplimientos de las condiciones mínimas de atención a los niños o en los trabajadores. Las cuantías de esas multas es un aspecto que se está pendiente aún de definir y que se quiere terminar de cerrar en próximos días.
TRANSITAR AL SISTEMA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR
También se recogerá en el decreto la directriz de avanzar hacia la “desinstitucionalización” de los recursos de acogida, es decir, la apuesta por fomentar la atención en equipamientos más pequeños o entornos familiares y prescindir del modelo de “macrocentros”, que es más preponderante en algunas autonomías como Madrid. Por ejemplo, explican que ya se aprobó en la anterior legislatura un plan que pauta la transición gradual en favor del acogimiento familiar o equipamientos más reducidos.
En la otra vertiente, se explicitará en el decreto un ratio del número de trabajadores mínimos por cada centro y el número de las plazas residenciales de los niños. Con ello, se busca potenciar los criterios de calidad de la prestación de este servicio básico.
Desde el Ministerio recalcan que las comunidades tienen recursos suficientes para readaptarse y cumplir estos estándares de atención a menores, que además no requiere de una inversión elevada. De hecho, defienden que se han desplegado instrumentos para elevar sus capacidades económicas, como la condonación de deuda, y que solo hay que demostrar “voluntad política”.
A su vez, defienden que la creación de este reglamento viene amparada por la Ley del Menor y, por tanto, se lanza con escrupuloso cumplimiento al ámbito competencial de cada administración. Es más, estas fuentes gubernamentales explican que Rego llega planteando esta medida desde hace tiempo en las conferencias sectoriales con las comunidades autónomas.
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