MADRID, 04 (SERVIMEDIA)
El Gobierno ha asegurado sobre el encarecimiento de las tarifas que han anunciado los principales operadores de telecomunicaciones que este sector es “un mercado que se rige en la UE según las normas de la libre competencia”, y “cada compañía puede fijar libremente los precios que aplica a sus servicios cumpliendo la normativa vigente y siempre que los acepten contractualmente los clientes”.
El Ejecutivo ha contestado por escrito a una pregunta de Ciudadanos sobre el alza de las tarifas en este negocio y su indexación con el IPC decidida por alguna marca.
El Gobierno afirma que la modificación de las condiciones económicas de los contratos puede realizarse en cualquier momento, y algún operador nacional ha hecho coincidir la comunicación a sus clientes de la adecuación de los contratos a las modificaciones exigidas en los mismos por la aprobación de la nueva Ley General de Telecomunicaciones con la introducción de una cláusula de actualización de precios según la evolución del IPC.
“Pero esta coincidencia no puede calificarse más que como tal, habiendo podido los operadores comunicar esta modificación en cualquier otro momento, y no existiendo vinculación alguna de este extremo con la ley”, aclara la respuesta.
El Ejecutivo resalta que, en todo caso, la comunicación a los clientes de la modificación de los contratos de servicios de telecomunicación vigentes incluyendo cláusulas de actualización de precios con base en el IPC “no ha sido una práctica ni mucho menos generalizada de los operadores de telecomunicaciones que operan en España, y parece que ha sido de hecho muy minoritaria”.
Recuerda que los clientes podrán por tanto ejercer su derecho de no aceptación de las nuevas condiciones a aquellos operadores que les hayan notificado este tipo de cambio en el plazo legal establecido.
Sobre los contactos con las ‘telecos’ por los que pregunta la formación naranja, indica que se han producido en el ámbito de las consultas públicas sobre legislación iniciada por la Administración y en relación con las consultas recibidas por los distintos canales de la oficina de atención al usuario de telecomunicaciones.
“Es fundamental aclarar que esos contactos van siempre dirigidos a determinar y clarificar aspectos estrictamente vinculados al cumplimiento de la norma, sin que en ningún caso pueda plantear realizarse una labor de tutela o supervisión de las actuaciones que tanto los operadores como los clientes pueden y deben adoptar liberablemente”, remarca la contestación del Ejecutivo.
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