Dice que sería un “duro golpe” para la institución del matrimonio y reclama no equipararlas con “las que ocurren fuera de él”
MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de India ha mostrado este viernes su oposición a la criminalización de las violaciones conyugales por considerar que esto podría suponer un “duro golpe” para la institución del matrimonio en el país y ha pedido al Supremo que rechace endurecer las penas en estos casos.
El Ministerio del Interior ha indicado ante el Supremo que “un hombre carece del derecho fundamental de forzar a su mujer a tener relaciones sexuales”, pero ha defendido que ya existen “mecanismos suficientes para proteger a estas mujeres contra la violencia sexual” en el ámbito marital.
Así, ha aseverado que endurecer las penas en estos casos sería “excesivamente duro” y “desproporcionado”, una respuesta que llega a medida que el tribunal estudia peticiones para modificar una ley que se remonta a la época colonial británica y que establece que no puede procesarse a un hombre por violar a una mujer si ambos están casados y siempre que ella no sea menor de edad.
En una declaración jurada de 49 páginas, el Gobierno de India ha reconocido que la violación conyugal es un acto que “debería ser ilegal y penalizarse”, pero ha manifestado que las “consecuencias de tales violaciones dentro del matrimonio difieren de las que ocurren fuera de él”, por lo que no deben ser castigadas de la misma forma.
Así, ha afirmado que la penalización podría “alterar relaciones conyugales y generar dificultades para demostrar el consentimiento, especialmente en un contexto social”, por lo que ha destacado que el marco legal existente ya aborda adecuadamente estas cuestiones respetando la naturaleza de las relaciones matrimoniales, según informaciones recogidas por el diario ‘The Indian Express’.
La violación dentro del matrimonio está prohibida en más de un centenar de países, entre ellos Reino Unido, que la tipificó como delito en 1991. Sin embargo, en India esta exención sigue vigente, así como en Pakistán, Afganistán y Arabia Saudí.
Activistas y defensores de los Derechos Humanos han asegurado que los argumentos esgrimidos para no endurecer las penas en estos casos es insostenible en la época actual y sostienen que una violación es una violación, independientemente de quién la cometa.
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