El viceministro de Justicia señala que no hay indicios de que el Ejecutivo tenga responsabilidad de la muerte de reos en las prisiones
MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
El viceministro de Justicia y director general de Centros Penales de El Salvador, Osiris Luna, ha asegurado este martes que no todos los presos tiene derecho a la reinserción en la sociedad, sosteniendo que algunos de los detenidos en el marco de la régimen de excepción declarado por el Gobierno permanecerán presos por siempre.
“Estas personas que están siendo detenidas, estos terroristas (…), van a estar recluidos en un régimen más severo. Todo al que se le compruebe que es pandillero, que es parte de estos terroristas, que no duden ni un solo momento, estas personas no van a volver a salir de la cárcel”, ha apuntado Luna en declaraciones a Cadena Megavisión.
El viceministro de Justicia salvadoreño ha asegurado que en países como Estados Unidos o España a los terroristas no se les da la oportunidad de reinsertarse en la sociedad, sino que “se les pone en la cámara de gas y le ponen la sentencia de muerte”.
Asimismo, Luna ha afirmado que el proyecto de país aupado por el presidente de El Salvador Nayib Bukele “es de manera integral”, puesto que desde que se lleva a cabo “nadie quiere incumplir la ley”.
Con todo, ha asegurado que las muertes de presos en cárceles salvadoreñas que han denunciado algunas organizaciones de Derechos Humanos se deben a que estos se niegan a recibir tratamientos médicos o que cuentan con problemas de salud con anterioridad.
Luna ha sostenido que el creciente número de muertes entre reos se debe a que a las cárceles de El Salvador ingresan personas que “tienen hasta cuatro morbilidades y llegan con una serie de enfermedades bien complicadas”, además de que hay personas que no quieren realizarse análisis médicos, según ha dicho en la entrevista con Cadena Megavisión.
“Hasta este momento no se ha comprobado ninguna muerte que sea por otra índole que no sea el tema de salud, y eso lo puedo garantizar. Nosotros estamos dentro de las instancias correspondientes realizando los análisis clínicos (…), a pesar de que es una población sumamente grande”, ha asegurado Luna.
No obstante, las declaraciones de Luna son contrarias a lo avisado por organizaciones de Derechos Humanos y familiares que han denunciado la muerte de hasta 73 personas en las cárceles del país que fueron detenidas bajo el marco legal del régimen de excepción implementado para combatir a las pandillas.
Human Rights Watch (HRW) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han manifestado su preocupación por la imposición del estado de excepción en El Salvador, a lo que Bukele ha respondido que estas organizaciones “defienden a los pandilleros”. Mientras, Naciones Unidas ha mostrado asimismo preocupación por la ola de homicidios en el país centroamericano.
Tras un repunte histórico de homicidios en marzo, Bukele solicitó al Congreso autorizar un estado de emergencia, que suspende algunos derechos constitucionales, para lanzar una ofensiva contra las pandillas que asolan el país centroamericano.
Durante este periodo, el Gobierno salvadoreño queda capacitado para suspender ciertas libertades y garantías para facilitar despliegue de militares y policías en las calles y en los municipios donde ocurrieron estos homicidios.
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