MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) han definido una agenda de seis puntos para trabajar de cara a la finalización de la segunda fase del proceso de diálogo para el alto el fuego entre las partes, que comenzó el pasado 13 de febrero y culmina este viernes.
La nueva agenda ha sido firmada en Ciudad de México este viernes entre las partes, representadas por el representante del Gobierno, Otty Patiño, y el de la guerrilla, Pablo Beltrán. Al acto también han asistido, entre otros, el embajador de la Unión Europea en México, Gautier Mignot, o el ministro de Exteriores colombiano, Álvaro Leyva.
“La participación, como lo reza en la nueva agenda, será el corazón de la negociación; se hará un diagnóstico de los problemas de la democracia para formular transformaciones básicas para la paz y los cambios que se requieren”, ha dicho la delegada del ELN, Silvana Guerrero, según ha informado ‘El Espectador’.
Entre los distintos puntos que marca la agenda destaca el quinto, que expresa la necesidad de garantizar la “situación jurídica” de los miembros del ELN –tanto los procesados como los condenados–, así como “la seguridad y el ejercicio político del ELN”.
Además, establece que las partes se comprometen a “erradicar toda forma de paramilitarismo para que no se repita”. Destacan, entre otros, el cese del fuego y las hostilidades, así como la necesidad de “dinámicas y acciones humanitarias”.
“En el marco de las nuevas circunstancias generadas por este proceso, se construirá un acuerdo sobre las armas del ELN, en sincronía con superar la violencia y neutralizar el armamentismo y el belicismo”, ha indicado en un comunicado, recogido por el diario ‘El Tiempo’.
Con el objetivo de que el acuerdo se materialice correctamente, habrá mecanismos de control, seguimiento, verificación y ajuste que contará con la participación de la sociedad, la comunidad internacional, el Gobierno y el ELN.
Asimismo, el punto más novedoso es el segundo, que propone “examinar, desde una perspectiva democrática, el modelo económico, el régimen político y las doctrinas que impiden la unidad y la reconciliación nacional”.
Esto supone un cambio con respecto a la posición que el Gobierno colombiano del entonces presidente Juan Manuel Santos mantuvo con las antiguas FARC en las negociaciones en La Habana, ya que el Ejecutivo se negó a negociar el modelo estatal y económico.
La agenda contempla además un punto entero sobre el papel de las víctimas, por lo que se propone “la asunción de responsabilidades que emane de la verdad de todas y todos”, así como “la reparación integral colectiva o individual”.
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