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El Gobierno de Colombia deroga un decreto que restringe las facultades de la Policía para combatir el microtráfico

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Petro defiende que la decisión permitirá que la Policía se centre en perseguir a “los grandes capos de la droga”

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Colombia ha derogado el decreto 1844 de 2018 que daba facultades a la Policía para combatir el microtráfico en espacios públicos, por lo que a partir de ahora los agentes no podrán confiscar estupefacientes cuya cantidad mínima no exceda la especificada en la Ley 30 de 1986.

El decreto, compartido por el periódico ‘El Espectador’, explica que esta decisión “se fundamenta en la armonización de la prevalencia de las obligaciones del Estado, en el cumplimiento de las convenciones internacionales en materia de drogas y de los derechos fundamentales y de los Derechos Humanos, consagrados en el bloque de constitucionalidad y desarrollados jurisprudencialmente”.

“Es necesario no solo asegurar evitar la criminalización de personas consumidoras de drogas a través de medidas correctivas, sino que también es necesario orientar el esfuerzo y la capacidad institucional para contrarrestar y atacar la oferta de sustancias psicoactivas (estupefacientes o psicotrópicas), así como las estructuras de crimen organizado dedicadas al microtráfico y narcotráfico, como un fenómeno transnacional”, añade el escrito, que ha sido firmado por el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, y el ministro de Defensa, Iván Velásquez.

PERSEGUIR A “LOS GRANDES CAPOS DE LA DROGA”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha salido en defensa de esta decisión ante lo que ha calificado como confusión por parte de “ciertos sectores de la prensa” a la hora de dar a conocer esta noticia.

“Estoy viendo que ya ciertos sectores de la prensa confunden contravención de policía que se expresa en el código de policía con delito, que se expresa en el código penal”, ha escrito el mandatario en su cuenta de la red social x, antes Twitter.

Ha agregado que “si la Constitución permite la dosis personal, la actividad de la Policía no se debe centrar en perseguir consumidores de estupefacientes sino en perseguir los grandes capos de la droga y en perseguir los delitos que afectan la ciudadanía”.


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