SANTA CRUZ DE TENERIFE, 8 (EUROPA PRESS)
El viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias en funciones, Antonio Olivera, ha anunciado este jueves que el Ejecutivo se va a personar en el caso que investiga irregularidades en la gestión de los centros de menores migrantes que dependen de la ONG Fundación Respuesta Social Siglo XXI.
En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha detallado que la comunidad autónoma se persona como acusación particular ante la posibilidad de que haya sido perjudicada en la gestión de fondos públicos.
Olivera ha revelado que la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, ha expuesto en la reunión que se suscribieron muchos “contratos de emergencia” para atender una situación “sobrevenida”, con unos 3.000 menores migrantes bajo tutela y en medio del “desmantelamiento” del sistema de acogida por parte de gobiernos anteriores.
Ha defendido la “absoluta transparencia” del Gobierno en la adjudicación de los contratos y su colaboración con la Fiscalía, a quien ha remitido toda la información, al tiempo que ha resaltado que no se detectó “ninguna incidencia” en la atención a los menores en las sucesivas inspecciones de la Dirección General de Infancia y la secretaría general de la Consejería de Derechos Sociales.
Lo mismo ha ocurrido con las visitas del Diputado del Común, diputados autonómicos y ONG relacionadas con la atención a migrantes.
Olivera ha dejado claro que no ha habido un “problema” en la atención a los menores migrantes sino en todo caso con la gestión de algunos recursos económicos “de algunas personas que trabajan para la Fundación”.
Además, y una vez pasada la “fase de emergencia”, ha comentado que el Gobierno ya ha licitado los contratos para tener una regulación más adecuada, algo que no se había hecho por falta de recursos económicos hasta que a finales del año pasado se cerró un acuerdo con el Gobierno central por importe de 50 millones de euros.
Según ha publicado el rotativo ‘Canarias7’ la Fiscalía Anticorrupción ha interpuesto una querella en la que ve indicios de una supuesta malversación de fondos públicos a beneficio de directivos de la Fundación.
Así, la Fiscalía aprecia indicios de supuestos delitos de falsedad en documento mercantil, administración desleal y malversación de fondos públicos en torno a la actuación de cuatro personas y afea a la Consejería su “falta de seguimiento y control” de los contratos que adjudicó por la vía de emergencia entre los años 2020, 2021 y 2022.
La investigación se centra en tres centros de acogida ubicados en Gran Canaria y dos en Lanzarote y tiene sospechas de que se usó dinero público para fines privados.
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