LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 27 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Gobierno ha acordado en su reunión de este lunes autorizar a sus servicios jurídicos la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) para defender las plenas competencias de Canarias en materia de Costas. En concreto, el conflicto positivo de competencias que se planteará en los próximos días reclama al alto tribunal que falle en contra del Estado y reconozca a la comunidad autónoma el control sobre la gestión de su litoral que le otorga el artículo 157 del Estatuto de Autonomía.
En su recurso, el Ejecutivo canario solicita al TC que “dicte sentencia en la que declare que la titularidad de la competencia controvertida es de la Comunidad Autónoma de Canarias”. En concreto, se pide “la anulación del acto viciado de incompetencia, esto es, la Resolución de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de fecha 27 de febrero de 2024 que declara -entre otros extremos- la caducidad de la concesión otorgada por Orden Ministerial de 8 de julio de 2003”.
Los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico defienden que corresponde a Canarias, en base al artículo 157 de su Estatuto, “la competencia exclusiva de ordenación del litoral”, lo que incluye “el otorgamiento de autorizaciones y concesiones sobre el dominio público marítimo, sin diferencias según el tipo de concesiones como pretende el Estado”. De hecho, el recurso que la comunidad autónoma elevará al TC sostiene que, desde la renovación de la Carta magna canaria en noviembre de 2018, el Gobierno español solo tiene competencias, para “establecer el régimen jurídico del demanio”.
Al respecto, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, se ha mostrado este lunes convencido de que el Tribunal Constitucional dará la razón a la comunidad autónoma porque “el reconocimiento legal como responsables en exclusiva de esta materia ya está recogido en la Ley Orgánica 1/2018, por lo que no cabe discusión ni disputa ante este hecho”.
En este sentido, el consejero ha explicado que el posterior Real Decreto 713/2022 se enfoca en el traspaso de servicios y funciones en relación con las competencias transferidas a Canarias en esta materia de gestión del litoral. “Sin embargo, es con ese traspaso de servicios y funciones con el que no estamos de acuerdo, ya que lo consideramos insuficiente y por ello reclamamos su revisión”, ha indicado.
Rodríguez también ha recordado que existen varias sentencias del TC que refrendan la interpretación jurídica que defiende la comunidad autónoma sobre sus competencias plenas sobre el litoral. Además de un fallo sobre el ámbito competencial de Cataluña, el consejero considera “muy importante” la sentencia del Constitucional sobre la ley de Costas de Galicia, una normativa similar a la que Canarias tiene previsto aprobar en los próximos meses.
En concreto, el fallo del Tribunal Constitucional tras el recurso interpuesto por el Estado contra la ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia sostiene que “las funciones ejecutivas relativas a la gestión de títulos de utilización y ocupación del dominio público marítimo-terrestre no forman parte de las competencias estatales al tener su encaje en la competencia de ordenación del litoral”.
CRONOLOGÍA DEL CONFLICTO
El acuerdo de presentación de este recurso ante el Tribunal Constitucional se produce después de que el Consejo de Ministros rechazara el pasado 30 de abril el requerimiento elevado por la comunidad autónoma en relación con la resolución del Ministerio de Transición Ecológica del 27 de febrero de este año. Tras este rechazo, Canarias tenía un mes para elevar un conflicto positivo competencial al TC, plazo que se cumple con el acuerdo adoptado este lunes.
Una semana antes del ‘no’ del Consejo de Ministros, el 24 de abril, se celebró en la capital grancanaria la Comisión Bilateral Canarias-Estado para intentar resolver este desencuentro por las competencias de Costas. Sin embargo, la reunión se saldó sin acercamiento, por lo que el propio consejero de Obras Públicas ya adelantó entonces la presentación del recurso ante el TC.
Este conflicto competencial parte del artículo 157 b del Estatuto de Autonomía de Canarias, donde se indica que “corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias, en materia de ordenación del litoral, respetando el régimen general del dominio público, la competencia exclusiva en la gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre, especialmente el otorgamiento de autorizaciones y concesiones”.
Sobre esa base, el Gobierno de Canarias abrió con el Estado la negociación del traspaso de la competencia sobre la gestión de su litoral. Así, el 30 de agosto de 2022, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el Real Decreto “de traspaso de funciones y servicios de la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de ordenación y gestión del litoral”, un acuerdo “con fecha de efectividad del traspaso de funciones y servicios el 1 de enero de 2023”.
Sin embargo, pese a que Canarias asumió la competencia exclusiva de sus costas a principios de 2023, el Estado se niega a traspasar varios expedientes alegando que le sigue correspondiendo la gestión de las “concesiones compensatorias”. Por el contrario, la comunidad autónoma entiende y defiende en su recurso ante el TC “que no procede dicha dualidad concesional cuando hablamos de la gestión de la competencia en el demanio público marítimo-terrestre”.
RESPALDO DEL CONSULTIVO
La comunidad autónoma sustenta la defensa de sus competencias integrales en materia de Costas en informes de sus servicios jurídicos, de expertos constitucionalistas, y en el dictamen sobre este asunto elaborado por el Consejo Consultivo.
El pasado 5 de abril y a petición del Consejo de Gobierno, el Consejo Consultivo emitió un informe en el que considera que la resolución del Ministerio dirigido por Teresa Ribera “invade la competencia de la comunidad autónoma asumida en el art. 157, letra b) del Estatuto de Canarias, y el Real Decreto mediante el que el Estado transfirió desde el 1 de enero de 2023 las competencias de Costas”.
El Consejo Consultivo estima que tanto el Estatuto como el Real Decreto disponen que “toda ocupación de los bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal que necesite concesión corresponde al Gobierno de Canarias”. En consecuencia, su dictamen apoya la posición del Gobierno de Canarias de plantear este conflicto competencial ante el Tribunal Constitucional para que “restaure el orden constitucional quebrantado”.
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