MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
El Gobierno ha responsabilizado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de no haber podido aprobar todavía el proyecto de Ley de Información Clasificada que sucederá a la Ley de Secretos Oficiales de 1968, cuyo borrador salió del Consejo de Ministros el pasado verano y aún no ha llegado a las Cortes para iniciar su tramitación parlamentaria.
Ante las preguntas de Unidas Podemos y Bildu en el Congreso, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, ha explicado que el CGPJ tiene desde agosto el anteproyecto del Gobierno y que en Moncloa están esperándolo para acometer el último debate en el Consejo de Ministros, aprobar el proyecto definitivo y remitirlo al Congreso.
“Ya sabemos todos que allí se toman las cosas en general con mucha relajación y esperamos con avidez sus reflexiones, que después de tanto tiempo serán extraordinariamente interesantes”, ha comentado con sorna en una comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso.
En todo caso, el secretario de Estado ha destacado que este Gobierno de coalición es el primero que se “atreve” a formular un proyecto de ley de secretos para derogar la normativa que rige desde el franquismo.
RESERVA NECESARIA PARA PROTEGER LA SEGURIDAD
Su objetivo es hacer compatible el derecho a la información y la obligación de transparencia de las administraciones con algo que considera “obligado”, que es garantizar la seguridad de la población, lo que exige clasificar una parte de la información.
“No toda la información puede ser transparente –sostiene–. Antes no había controles y ahora los hay, pero claro que hay que mantener clasificado un documento que pueda poner en riesgo la seguridad de la gente. ¿Cuánto? Todo el tiempo necesario porque la seguridad de la gentes es un objetivo lícito”.
En cualquier caso, admite que el texto del Gobierno es “perfectible” y por eso se ha sometido a la oposición de los órganos consultivos y después pasará a la tramitación parlamentaria.
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