MADRID, 03 (SERVIMEDIA)
El Gobierno confía en la subida de la acción de Telefónica y en la política de dividendos de la compañía de cara al retorno económico de los más de 2.000 millones de euros de desembolso que ha hecho la SEPI para hacerse con el 10% del accionariado de la tecnológica.
Así lo señala el Ejecutivo en una respuesta escrita a una pregunta de Vox sobre “el impacto está teniendo sobre la deuda pública la compra de acciones” de Telefónica por la sociedad estatal.
El Gobierno comunicó el pasado 20 de mayo que la SEPI había alcanzado ya el 10% del capital social de Telefónica S.A, dando por culminada la operación de compra ordenada por el Consejo de Ministros a finales del año pasado. La SEPI ha adquirido un total de 567.016.155 acciones, con un precio medio de 4,0295 euros por acción. A esta cantidad se suman 541 acciones que SEPI ya tenía en cartera y que elevan el número total a 567.016.696.
“El retorno económico vendrá determinado por la política de dividendos de la compañía, que mantiene un compromiso de dividendos futuros, y por la revalorización de la participación”, señala la contestación.
Telefónica presentó en noviembre pasado un nuevo plan estratégico, GPS, en el que se compromete a mantener hasta 2026 una remuneración al accionista como mínimo de 0,30 euros por título. La compañía confía en que este plan sirva para elevar la consideración de la acción por el mercado y aumentar la rentabilidad.
El Gobierno recalca en la respuesta a la que ha tenido acceso Servimedia que la entrada en el capital de Telefónica se hace “con vocación de permanencia y por motivos estratégicos, por tratarse de una compañía con capacidades clave para los intereses nacionales”.
NACIONALIZACIÓN DE TELEFÓNICA
Por otro lado, el Ejecutivo también tendrá que responder por escrito a otra pregunta sobre Telefónica registrada en la Cámara Baja, en este caso por el PP, que pretende conocer “la opinión del Gobierno acerca de los nombramientos de don Carlos Ocaña Orbis y de don Javier de Paz en Telefónica, así como confirmación de si forma parte de la hoja de ruta para nacionalizar la empresa la adquisición de un 10% de la Compañía a cargo de la SEPI”.
También dentro del sector de las telecos, Sumar ha registrado otra pregunta al Gobierno, ésta referida al impacto en el empleo de Vodafone España tras su venta al fondo británico Zegona.
El diputado Félix Alonso Cantorné señala en la iniciativa que Zegona ha garantizado al Ministerio de Transformación Digital diversos compromisos de garantía de continuidad del servicio e inversiones futuras en infraestructuras, pero no ha especificado aspectos como el mantenimiento del empleo en la operadora.
“Existe una preocupación importante en la plantilla de Vodafone respecto a su futuro y, según explican, este fondo inversión se ha hecho con Vodafone mediante un gran endeudamiento y promete retornos rápidos. Cabe suponer que una de las maneras en que se hacen estos retornos es a causa de la reducción de la plantilla. Vodafone ya ha sufrido constantes reestructuraciones, desde ERE por fusiones hasta cambios de modelo comercial y de atención al cliente. En estos procesos se han destruido muchos empleos y es la operadora con menos plantilla”, indica Cantonré en la pregunta, en la que expresa su temor de que Vodafone acabe como una operadora virtual, que no aporta ningún valor estratégico al país y que “destruirá también a una plantilla con un nivel de preparación y con edades en los que suele resultar difícil la recolocación”.
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