MADRID, 22 (SERVIMEDIA)
El Gobierno está barajando la posibilidad de aprobar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a comienzos de 2023, lo que implicaría que en el último Consejo de Ministros de este año tendría que aprobarse una prórroga provisional de este indicador en los 1.000 euros al mes por 14 pagas, según informaron fuentes del diálogo social a Servimedia.
Estas mismas fuentes explicaron que, tras la reunión convocada este miércoles por el Ministerio de Trabajo con los agentes sociales, a la que no asistió CEOE, que sí envió su posicionamiento por escrito, no hay una nueva fecha marcada en el calendario por el momento para celebrar un nuevo encuentro. Con todo, aunque la subida del SMI se apruebe en enero, esta tendrá carácter retroactivo desde el primer día del año.
El Gobierno se comprometió a que antes del final de la legislatura el SMI alcanzara el 60% del salario medio en España. Ello implicaba que este indicador superara los 1.000 euros al mes por 14 pagas, según las conclusiones de un estudio encargado a una comisión de expertos en 2021. Pero, para garantizar el cumplimiento de este compromiso, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, pidió a este grupo de especialistas que actualizaran sus recomendaciones para adecuarlas a la evolución de los sueldos durante estos últimos dos años.
Así las cosas, Díaz y la responsable de este informe presentaron las conclusiones del mismo el 19 de diciembre y, según dicho estudio, para que el SMI se situara en el 60% del salario medio en 2023, debería alcanzar entre los 1.046 y los 1.082 euros. Ello implicaría una subida de entre el 4,6% y el 8,2%, ya que en la actualidad se encuentra en los 1.000 euros.
Tras la presentación de este informe, Trabajo convocó a sindicatos y CEOE a la mesa del diálogo social para debatir esta cuestión, si bien la patronal no acudió a esta cita. Esta negativa se produjo en un contexto marcado por el malestar de los empresarios con el Ministerio de Yolanda Díaz por pactar con Bildu, y sin reunir antes a los agentes sociales, devolver a la Inspección de Trabajo la potestad de pronunciarse administrativamente ante los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).
Para la CEOE, este hecho rompe el acuerdo al que tras meses de esfuerzo se logró llegar con la reforma laboral entre el Ministerio y los representantes de UGT, CCOO y la propia patronal. En cambio, Díaz justificó que era una medida que ya estaba incluida desde hace un año en el Plan Estratégico de la Inspección.
De esta manera, CEOE envió su postura por escrito, en la que abogaba por que el SMI se elevara en 2023 pero hasta los 1.040 euros, seis euros por debajo de la parte inferior de la horquilla sugerida por el informe encargado por el Gobierno. Además, la patronal apostaba por que parte del SMI se bonificara a determinados sectores que podrían tener más dificultades para hacer frente a este nuevo incremento.
Para CCOO, esta postura pretende “tirar hacia abajo” del SMI, por lo que insistió en que este indicador se sitúe entre los 1.080 y los 1.100 euros.
Más tajante se ha venido mostrando UGT, cuyo líder, Pepe Álvarez, ha apostado en todo momento por que el SMI se sitúe el año que viene en los 1.100 euros para que el Gobierno cumpla con su compromiso de alcanzar el 60% de la retribución media en España.
Por su parte, Díaz no ha indicado por el momento una cifra concreta, pero sí ha destacado que elevar el SMI es necesario para luchar contra la pobreza y que no daña al mercado laboral.
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