MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la firma del tratado de extradición con Nigeria, país con el que también se ha dado luz verde a firmar un acuerdo para el traslado de personas condenadas así como otro sobre asistencia judicial mutua.
En cuanto al tratado de extradición, el Gobierno ha acordado su remisión a las Cortes Generales para su aprobación y ha autorizado la manifestación de consentimiento para obligarse por el mismo.
Según ha explicado el Gobierno, el tratado es fruto del deseo de ambos países de reforzar sus vínculos y de regular las relaciones en el ámbito de la extradición, que hasta su entrada en vigor venían rigiéndose por el principio de reciprocidad internacional.
La propuesta inicial la hizo España en julio de 2019 y fue durante la visita a Madrid del presidente nigeriano, Muhamadu Buhari, el pasado mes de junio cuando se consideró que era de interés de los dos países proceder a su firma.
El objetivo de este tratado es por un lado establecer un instrumento de cooperación jurídica internacional en materia penal que facilite la entrega de fugitivos entre ambos países, al tiempo que se busca evitar cualquier atisbo de impunidad que pueda existir especialmente en supuestos de criminalidad organizada y delitos transfronterizos.
Por otra parte, también se aprobado la firma del acuerdo sobre traslado de personas condenadas y su remisión a las Cortes para su aprobación. Como en el caso del tratado de extradición, fue España la que lo planteó y la visita de Buhari supuso el catalizador para su materialización.
En este caso, lo que se quiere es establecer un instrumento de cooperación jurídica internacional y facilitar el cumplimiento de las penas privativas de libertad impuestas en el extranjero en el país de la nacionalidad del condenado, así como combatir el desarraigo social producido por el internamiento en un país distinto al de origen y favorecer la integración.
Por último, se ha aprobado el tratado sobre asistencia judicial mutua en materia penal con Nigeria y su remisión al Parlamento para su aprobación.
Este tratado regula, con carácter general, la prestación de asistencia jurídica mutua en procedimientos de índole penal, estableciendo las modalidades de dicha asistencia, así como las peculiaridades de su procedimiento.
Ninguno de los tres textos aprobados supone un coste adicional para las arcas públicas y todos ellos cuentan con un dictamen favorable por parte del Consejo de Estado, según ha precisado Moncloa.
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