MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Ministros ha autorizado la suscripción de tres adendas a los convenios suscritos entre el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Empresa Nacional de Innovación (Enisa) para que ésta desarrollara tres líneas de préstamos participativos en 2022.
Se trata de la Línea de Empresa de Base Tecnológica, dotada con 20,6 millones, que financia proyectos cuyo resultado sea un avance tecnológico en la obtención de nuevos productos, procesos o servicios;la Línea Pyme, dotada con 57,8 millones, que apoya proyectos promovidos por pequeñas y medianas empresas con objeto de mejorar su competitividad y contribuir a la generación de empleo, y la Línea Jóvenes Emprendedores, dotada con 5,3 millones, que favorece la puesta en marcha de proyectos empresariales impulsados por jóvenes de hasta 40 años.
El objetivo de estas adendas es ajustar el presupuesto a lo que finalmente ha dispuesto Enisa. Los préstamos participativos de esta firma son un “referente” en el campo del capital riesgo especializado en pyme y están alineados con la Estrategia España Nación Emprendedora, destaca el Ministerio de Industria.
Esta estrategia pone las bases para liberar y estimular el talento a través de tres palancas: la educación, la I+D+i y el emprendimiento innovador. Busca atraer inversión y hacer de nuestro país un lugar donde las startups puedan nacer, recibir financiación y escalar globalmente.
En 2022, Enisa certificó al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 507 préstamos participativos por un importe de más de 83,8 millones de euros.
Por sectores, el TIC continúa a la cabeza de los préstamos aprobados y supone un 36% de las solicitudes y un 35% de la inversión total, con 37 millones de euros, seguido de Otros Servicios, y de Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas en tercer lugar (6% operaciones y 6% en inversión), consolidando la tendencia del pasado año al rebasar al sector de la industria manufacturera.
Dentro de la distribución autonómica, Cataluña abarca el 37% de los préstamos aprobados y una inversión del 36%, seguida de la Comunidad de Madrid (29% operaciones y 28% de inversión) y la Comunidad Valenciana (12% operaciones y 12% en inversión).
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