MADRID, 18 (SERVIMEDIA)
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, negó este miércoles en el Congreso que el Gobierno haya dejado “sola a Canarias” en la atención a los menores migrantes que llegan solos a las islas (en la actualidad hay más de 5.300 en el archipiélago) y aseguró confiar en que “impere el sentido común” y que “el PP se avenga a debatir y a buscar una solución tan necesaria” para las islas.
Durante una comparecencia ante el Congreso de los Diputados, Saiz instó a Coalición Canaria a “exigir responsabilidades a sus socios” del PP por haber impedido la reforma de la Ley de Extranjería, que buscaba permitir los repartos automáticos de menores no acompañados entre comunidades autónomas, ante las críticas de su diputada, Cristina Valido.
“Lo tengo que explicar 400 veces”, lamentó. “Fueron sus socios (el PP) quienes votaron en contra” de la tramitación de la reforma”. “Le recomiendo que les exija responsabilidades”, propuso.
Valido repuso que, desde el 23 de julio, día en que el Congreso rechazó tramitar esa proposición de ley, “el Gobierno se ha limitado a decir que no puede hacer nada más y eso no es verdad”.
A su juicio, esa actitud contrasta “con la diligencia” con que el Ejecutivo ha empezado los trámites de cara a recurrir el protocolo sobre la acogida de menores publicado la semana pasada en el Boletín Oficial de Canarias ante el Tribunal Constitucional.
“¿Les parece normal anunciar a bombo y platillo que quieren recurrir una decisión administrativa, sobre la que se puede hablar y corregir lo que sea necesario?”, preguntó Valido. “Tenemos adultos en centros de menores, que es muy peligroso, y tenemos a menores en las comisarías acusados de ser patronos de barcos”.
“Por eso pedimos que se certifique la edad de los menores” antes de aceptarlos en los centros. En su opinión, la norma, que se puede corregir, “solo busca poner orden” y “evitar el desamparo”.
Elma Saiz contestó que fue la fiscalía la que determinó que ese protocolo podía “socavar derechos fundamentales de la infancia”. Además, aseguró que “la mano del Ejecutivo sigue tendida” y confió en que “impere el sentido común” y que “el PP se avenga a negociar”.
INACCIÓN
Por su parte, Ana Alós (PP) calificó de “injustificable” la “ inacción del Gobierno ante el caos migratorio que se vive en Canarias, Ceuta, Melilla, Baleares y en el resto”.
De momento, “ustedes solo han hablado de reparto (de menores) y se desentienden de lo demás”, y criticó que “para colmo, amenazan a Canarias con llevar su protocolo de acogida ante el TC”.
En su intervención, La diputada canaria de Podemos, Noemí Santana, calificó la norma de “bochornosa”, y aseguró que “como canarios, nos avergüenza”. “No seré yo quien respalde la política racista de Coalición Canaria y del PP”, prosiguió, pero “sí pido que (el Estado) actúe, porque sí tiene competencias”.
“Por la atención de estos casi 6.000 menores en primer lugar”, apuntó, y por el conjunto de la población de Canarias, que “no puede hacer frente ella sola a este desafío”.
La ministra Saiz insistió en que el Ejecutivo “no ha dejado sola a Canarias en ningún momento”, y puso como ejemplo el reciente anuncio de 35 millones de euros para la atención de menores migrantes, sumados a otros 50 millones el año pasado.
En opinión del diputado socialista Luck Andre Diouf, PP y Coalición Canaria utilizan a estos menores como “mero instrumento de presión”.
REGULARIZACIÓN
El portavoz de Sumar, Viçens Vidal, pidió que se respeten “los derechos humanos” de los migrantes y reclamó el apoyo del PSOE a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de unas 500.000 personas extranjeras que trabajan en España.
Jon Iñarritu, de EH-Bildu, y Jordi Salvador, de Esquerra, coincidieron en esta demanda. El primero lamentó que la tragedia sucedida el 24 de junio de 2022 en Melilla, con decenas de muertes y cientos de desaparecidos, “se haya cerrado en falso”, porque “un gobierno de izquierdas no puede actuar igual que uno de derechas”. Además, preguntó a la ministra si piensa aplicar “sanciones administrativas a los difusores de odio” en las redes sociales.
Josep María Cervera, de Junts, reclamó el traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña, que solo el año pasado, aseguró, habría atendido a más de 2.300 menores no acompañados (unos 10.000 desde 2015).
Agregó que, de los 240.208 extranjeros que obtuvieron la nacionalidad española en 2023, más de 60.700 vivían en Cataluña. “Es un 9% más de lo que nos correspondería en proporción a la población”, destacó.
Néstor Rego, del BNG, e Idoia Sagastizabal, del PNV, pidieron también “medidas urgentes” para atender “de forma adecuada” a los migrantes que llegan, en especial a los menores.
Según la diputada de Vox, Rocío de Meer, las políticas de acogida del Gobierno “lo único que consiguen es enriquecer los bolsillos de las mafias”, y acusó a las ONG de concertar con grupos de origen “un transbordo de personas” a un punto acordado.
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