MADRID, 30 (SERVIMEDIA)
El Consejo de Ministros autorizó este martes a formalizar operaciones de endeudamiento a corto y a largo plazo a las comunidades autónomas de Madrid, Castilla y León, Galicia, Asturias, Castilla-La Mancha, País Vasco, Baleares, La Rioja, Cantabria y Cataluña.
Estos permisos se efectúan en cumplimiento del artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) y del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (Loepsf).
En el caso de la Comunidad de Madrid, se le ha autorizado para formalizar operaciones de deuda a largo y corto plazo por un importe máximo de 4.862,1 millones de euros. De este importe, 2.960,85 millones de euros se destinan a financiar las amortizaciones de deuda a largo plazo de la Administración General y del organismo autónomo mercantil Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, que se integra en el sector Administraciones Públicas.
Por otra parte, la Comunidad de Madrid ha solicitado plácet para renovar las condiciones financieras de la financiación a corto plazo en el marco del convenio de colaboración para la prestación de servicios financieros de tesorería con diversas entidades financieras y para formalizar otras operaciones de deuda a corto plazo destinadas a cubrir las necesidades transitorias de tesorería de empresas públicas clasificadas en el sector Administraciones Públicas de la comunidad autónoma, por importe total de 1.846,25 millones de euros.
En cuanto a Castilla y León, el Gobierno ha dado luz verde a formalizar operaciones de deuda a corto y largo plazo por un importe máximo de 2.863,5 millones de euros. En concreto, esta comunidad ha solicitado autorización para formalizar operaciones de deuda a largo plazo, por importe de 1.563,5 millones de euros, de los que 1.489,63 millones de euros se corresponden con el importe de las amortizaciones de deuda a largo plazo.
Asimismo, Castilla y León ha pedido visto bueno para formalizar operaciones de deuda a corto plazo, que tienen como finalidad cubrir necesidades transitorias de tesorería de 2024, por importe total de 1.300 millones de euros.
GALICIA Y ASTURIAS
El Consejo de Ministros ha autorizado a Galicia a formalizar operaciones de deuda a corto y largo plazo por un importe máximo de 2.302,7 millones de euros. En concreto, ha solicitado autorización para formalizar operaciones de deuda a largo plazo, por importe de 1.407,75 millones de euros. De este importe, 1.322,94 millones de euros se corresponden con el importe de las amortizaciones de deuda a largo plazo.
Por otra parte, esta comunidad autónoma ha obtenido aprobación para refinanciar o formalizar nuevas operaciones de deuda a corto plazo, tanto de su Administración General como de entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas, por importe máximo de 895 millones de euros.
Por lo que se refiere a Asturias, el Gobierno ha dicho sí a formalizar operaciones de deuda a corto y largo plazo por un importe máximo de 1.558,1 millones de euros.
En concreto, la comunidad autónoma ha solicitado autorización para formalizar operaciones de deuda a largo plazo, por importe de 651 millones de euros, y de este importe, 592,69 millones de euros se corresponden con el importe de las amortizaciones de deuda a largo plazo. Por otra parte, Asturias ha solicitado autorización para formalizar operaciones de deuda a corto plazo, que tienen como finalidad cubrir necesidades transitorias de tesorería de 2024, por importe total de 935,6 millones de euros.
El Gobierno, además, ha autorizado a Castilla-La Mancha a formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 765 millones de euros. Esta cantidad se destinará a atender los vencimientos de las líneas de crédito a corto plazo en 2024 por importe de 550 millones de euros y el resto, para atender las necesidades transitorias de tesorería derivadas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia durante del ejercicio.
Por su parte, el Ejecutivo ha autorizado a Balares a formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 700 millones de euros. En concreto, 450 millones se destinarán a cubrir desfases transitorios de tesorería de la Administración General en 2024, y 250 millones a la Agencia Tributaria de Baleares, ente dependiente que forma parte del sector Administraciones Públicas de la comunidad autónoma.
El Ejecutivo ha dado luz verde a País Vasco a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 708,8 millones de euros. Esta cantidad iría destinada a financiar los vencimientos de deuda de la comunidad autónoma y entes dependientes incluidos dentro del sector Administraciones Públicas de la Comunidad.
En cuanto a La Rioja, se le ha permitido a hacer operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 166,3 millones de euros, que se destinarán a cubrir necesidades transitorias de tesorería tanto de su Administración General, como de otras entidades del sector Administraciones Públicas de la comunidad autónoma.
El Gobierno ha autorizado también a Cantabria a formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un máximo de 150 millones de euros. Esta cantidad tiene como finalidad cubrir desfases transitorios de tesorería en tanto se formaliza su adhesión al Fondo de Liquidez Autonómico de 2024.
El Consejo de Ministros autorizó además a Cataluña a formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 77 millones de euros, que se destinarán a atender los vencimientos de deuda a corto plazo de enero a junio del año 2024 y a formalizar nuevas operaciones a corto plazo por las universidades públicas dependientes de la comunidad.
Todas estas autorizaciones podrán amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2024.
GARANTÍAS
Por otra parte, el Consejo de Ministros autorizó a Galicia y Murcia para que puedan otorgar garantías en 2024 por sendos importes máximos de cinco y 16,25 millones de euros, respectivamente. Estas autorizaciones se efectúan en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
En el caso de Galicia, esta comunidad autónoma ha solicitado con fecha 14 de diciembre de 2023 que el Ministerio de Hacienda tramitara autorización para la concesión durante 2024 de avales por un máximo de cinco millones de euros.
Sobre Murcia, el Consejo de Ministros ha autorizado a esta comunidad autónoma a otorgar garantías a través del Instituto de Crédito y Finanzas (ICREF) de la Región por un importe máximo de 16.250.000 euros.
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