MADRID, 01 (SERVIMEDIA)
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha aprobado el Plan Nacional de Inspección de Transporte por Carretera de 2023 que incluye entre sus objetivos controlar que los transportistas trabajen a un precio justo, que el conductor no realice, en general, las labores de carga y descarga de la mercancía o reforzar la lucha contra la morosidad en el sector.
Así, el nuevo Plan, presentado este jueves a la Comisión de directores generales de Transporte de las comunidades autónomas y del Estado, está diseñado para velar por el cumplimiento de las normas aprobadas por el Gobierno para avanzar en la sostenibilidad económica del transporte de mercancías por carretera, asegurando una rentabilidad mínima del trabajo y una utilización justa de la subcontratación, tal y como se acordó con los representantes del sector para mejorar las relaciones en la cadena de transporte.
“El Plan recoge las líneas generales de las actividades prioritarias que llevarán a cabo las distintas inspecciones, estatal y autonómicas, en el año 2023, y confirma el compromiso del Ministerio con un sector esencial, adoptando medidas estructurales para garantizar su sostenibilidad y corregir las asimetrías existentes en el mismo, mejorando la posición y competitividad de este sector y garantizando las condiciones laborales adecuadas y protección social para los conductores”, subrayó el Ministerio dirigido por Raquel Sánchez.
Atendiendo a las novedades legislativas, el Plan introduce el control de la prohibición con carácter general de la carga y descarga por parte de los conductores y el control del precio del transporte, que ha de cubrir el coste en los casos del transportista efectivo.
Las reformas también recogen obligaciones para que se refleje por escrito el precio del transporte y los gastos conexos, es decir, los costes individuales efectivos asumidos por el transportista. En este contexto, se incluye un nuevo régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de las obligaciones anteriores, con sanciones de hasta 4.000 euros.
En este punto, cabe destacar que en 2021 se modificó la Ley Orgánica del Transporte Terrestre (Lott) para aplicar un nuevo régimen sancionador a las empresas que paguen a más de 60 días en el sector del transporte por carretera, con multas de hasta 4.000 euros, que podrán elevarse a 30.000 euros en los casos más graves.
Asimismo, se han desarrollado nuevas herramientas informáticas para facilitar la actividad inspectora, con el desarrollo, entre otros, de nuevos procedimientos telemáticos. Además, en 2022 se ha puesto en marcha por parte de Transportes el servicio de buzón de denuncias anónimas para informar de posibles infracciones o incumplimientos y ayudar así a que la inspección sea “más ágil y efectiva”.
Por su parte, la actividad inspectora mantendrá como objetivos la lucha contra la competencia desleal que provocan las empresas deslocalizadas, denominadas empresas buzón, en colaboración de la Inspección de Trabajo, así como la detección de las cooperativas de trabajo asociado fraudulentas y otras actividades ya contempladas en los anteriores planes de inspección. En este sentido, se ha reforzado la inspección con medios propios de las Administraciones Públicas, para la lucha contra la competencia desleal.
La Inspección, atendiendo a la normativa europea, seguirá controlando la conducción y descanso de al menos el 3% de las jornadas de los conductores profesionales, cifra que asciende este año a 1.602.696.
En cuanto a la inspección del transporte de viajeros por carretera, se mantiene una línea continuista, siendo el objetivo de la inspección controlar el cumplimiento de las condiciones esenciales de las concesiones en los servicios regulares de viajeros, el transporte de escolares y de menores y el transporte realizado en vehículos de alquiler con conductor.
- Te recomendamos -
