MADRID, 22 (SERVIMEDIA)
El Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto-ley por el que amplía hasta el 31 de diciembre de 2023 la línea de avales aprobada para garantizar la liquidez de autónomos y empresas “de todos los sectores económicos afectados por los efectos económicos de la guerra de Rusia en Ucrania”, con excepción del sector financiero y de seguros.
Según informó el Ministerio de Asuntos Económicos, el paquete de avales se ampliará así hasta alcanzar una dotación total de 10.000 millones de euros. Se activó en mayo con un primer tramo de 5.000 millones gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y ahora se incorporarán otros 5.000 millones, de los que 3.500 millones se destinarán a pymes y autónomos y 1.500 millones a grandes empresas “con el fin de garantizar el acceso a la financiación de empresas de todos los tamaños”.
No obstante, el Gobierno establece una serie de requisitos para acceder a ellos. En primer lugar, solo podrán solicitarlos los autónomos y empresas que no se encuentren en situación de morosidad ni en procedimiento concursal a la fecha de firma de la operación.
Tampoco pueden estar sujetos a sanciones por parte de la Unión Europea ni tener en el momento de solicitud del aval –que tiene que formalizarse antes del 1 de diciembre de 2023– ningún proceso de ejecución de avales gestionados por el ICO.
El aval garantizará hasta el 80% de los nuevos préstamos de operaciones solicitadas. El importe máximo avalado se eleva hasta dos millones euros con carácter general, 250.000 euros para empresas primarias de productos agrícolas y 300.000 euros para pesca y acuicultura. La vigencia del aval será igual al plazo del préstamo concedido, con un plazo máximo de 10 años.
DIVIDENDOS
Superados estos umbrales, el importe máximo del total de préstamos avalados por beneficiario se fijará “en función de su volumen de negocio anual medio o de sus costes energéticos en los 12 últimos meses, pero en ningún caso podrá superar los 150 millones de euros”.
En estos préstamos, el aval podrá garantizar hasta el 80% del importe del crédito para pymes y autónomos y hasta el 70% para el resto de empresas, y su duración coincidirá también con el plazo de amortización de la operación, que será de hasta ocho años.
Por último, para aquellas operaciones de más de 50 millones de euros, el Ministerio de Asuntos Económicos obliga al beneficiario a comprometerse a que no habrá ningún reparto de dividendos durante la vida de la operación.
- Te recomendamos -
