MADRID, 18 (SERVIMEDIA)
El Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto ley que extiende hasta el último trimestre de 2023 el límite de un 5% de incremento de las tarifas de último recurso (TUR) del gas, que hasta ahora estaban limitadas hasta el último trimestre de este año.
Dicha medida se incluye en el nuevo paquete de medidas para reforzar la protección de los ciudadanos ante la subida de los precios de la energía, medidas que fueron presentadas por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo.
La vicepresidenta apuntó que dichas medidas forman parte del Plan Más Seguridad energética aprobado la semana pasada y las enmarcó en el conjunto de ayudas desarrollado por el Gobierno desde junio de 2021 “cuando todavía no se sabía” que las grandes alteraciones en el precio de la energía se producían porque Putin había decidido emplear “el gas como arma de guerra”.
En su conjunto, estas nuevas ayudas tendrán una dotación cercana a los 3.000 millones de euros que serán financiados por los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Hasta este momento, la limitación de la subida del precio del gas ha generado un déficit que se compensará cuando la subida de la materia prima sea menor.
Por otro lado, el Gobierno acordó la creación de unas nuevas tarifas reguladas para las comunidades de vecinos, que serán ocho nuevas TUR en función del tamaño de las instalaciones de gas. En todo caso, para acogerse a esta nueva tarifa vecinal, las comunidades deberán instalar contadores individualizados antes del próximo invierno y revisar el funcionamiento de la caldera.
Con esta medida, denominada TUR de ahorro vecinal, el Gobierno calcula que estos hogares se beneficiarán de una reducción de más de la mitad de sus recibos respecto a lo que pagarían en el mercado con las ofertas actuales.
Este nuevo paquete de ayudas, que fue anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados, incluye también reforzar el Bono Social Eléctrico incrementando un 15% la cantidad de energía con derecho a descuento y aumentando el porcentaje de descuento hasta el 65% y 80% para vulnerables y vulnerables severos (frente al 60 y el 70% actuales), respectivamente, lo que beneficiará 1,3 millones de hogares.
También se crea una nueva categoría temporal de consumidores eléctricos con derecho a un descuento del 40% en sus facturas que se destina a aquellos “hogares con trabajadores con bajos ingresos”, con el que el ejecutivo calcula llegar a 1,5 millones de hogares adicionales. De forma general, permitirá acogerse a quienes tengan ingresos inferiores a dos veces el Iprem (16.212,56 euros anuales).
Asimismo, se incrementa el Bono Social térmico en 2022 y 2023 para los hogares vulnerables, duplicando el presupuesto en ambos ejercicios. De esta manera, la ayuda alcanzará desde la horquilla de 35 euros a 350 euros al año (según la zona climática del beneficiario) hasta 40 euros a 375 euros.
Otra medida que se prorroga hasta finales de 2023 con este real decreto es la minoración de los ingresos extraordinarios obtenidos por las plantas renovables y las nucleares vigente desde septiembre de 2021. Lo hará en los mismos términos, con un límite de 67 euros por megavatio.
AUTOCONSUMO Y EFICIENCIA
El real decreto incluye también otro conjunto de medidas destinadas a impulsar el autoconsumo, el uso del biogás y la eficiencia energética, especialmente en lo relativo a la iluminación exterior.
Así, amplía hasta un kilómetro el límite de 500 metros para instalaciones de autoconsumo limitándolo solo a las cubiertas y permite que pueda haber más de un propietario. En cuanto a la eficiencia, contempla una partida de 40 millones para la instalación de contadores inteligentes de gas.
Otra medida incluida en el real decreto es que se permitirá una mayor flexibilidad a los consumidores estacionales para poder cambiar la potencia eléctrica y el caudal de gas contratados para impulsar un consumo más eficiente.
Además, se limitará al 5% la penalización que puede imponer una comercializadora de gas por romper el contrato antes de tiempo y se establece que los contratos de mantenimiento o los seguros asociados al suministro se rescinden de forma paralela.
Por último, el decreto incrementará las exigencias de transparencia en las facturas para evitar confundir a los consumidores con el mecanismo ibérico, que no podrá ser denominado como cargo o tasa. Además, permitirá conocer el consumo de los hogares similares del mismo código postal para tener una referencia sobre si existe o no margen para ahorrar energía.
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