MADRID, 20 (SERVIMEDIA)
La secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, señaló este jueves que la bonificación del abono recurrente de Cercanías, Rodalies y Media Distancia, que cuenta con una partida de 660 millones de euros en los presupuestos, supone una apuesta “inédita” por el transporte público que irán “ajustando” y que tratarán que sea “lo más amplia, transversal y multimodal posible”.
Así lo indicó la número dos del Ministerio en su comparecencia en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para informar sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2023.
Para Pardo de Vera, los abonos “han demostrado su éxito” ya que han alcanzado a 1,5 millones de personas, aunque reconoció que le gustaría haber implementado estas bonificaciones “con más criterio para que fuesen progresivas”, en función de si un usuario se puede permitir un abono o no. “Para eso necesitamos unas herramientas muy potentes y en una coyuntura tremenda tenemos que tomar decisiones rápidas”, explicó.
La secretaria de Estado subrayó la cifra “histórica” que el Gobierno ha destinado al Ministerio de Transportes, que asciende a los 21.273 millones, de los cuales 16.550 millones corresponde a inversiones en vivienda o infraestructuras “tanto de forma directa como a comunidades y ciudades autónomas y entidades locales”, a las que se transferirán 4.100 millones.
A estas administraciones les advirtió que “no pueden renunciar una fiscalidad progresiva para después clamar que no hay fondos y exigir que las competencias las asuma el Estado”. Tras las críticas de algunos grupos parlamentarios por la bonificación de algunos modos de transporte público, indicó que bonificar toda la movilidad del país tendría un coste de 3.500 millones de euros. Por ello, pidió ejecutar las políticas de movilidad ya vigentes, con comunidades que lo están haciendo de forma “ejemplar” como Cataluña y otras como Andalucía que “no han puesto ni un euro”.
Entre las principales actuaciones del Ministerio, destacó que “todo empieza por desbloquear aquellas actuaciones que no terminan de arrancar por cuestiones diversas”, como la operación de Campamento o la culminación del plan de Madrid Nuevo Norte, el Canal de Acceso en Valencia o las integraciones ferroviarias de las capitales vascas.
En materia de ferrocarril, informó de que se contempla convertir en Obligaciones de Servicio Público 13 servicios de alta velocidad en media distancia, “de manera que las rebajas de los abonos Avant del próximo año se aplicarán también a estos nuevos servicios”.
También subrayó el “éxito” de la Alta Velocidad y, concretamente, de la liberalización, que ha supuesto “una mejora para todos los usuarios” y que pronto llegará a donde aún no la hay, como la línea Madrid-Galicia. “No sé si es por la conveniencia, el precio o la conciencia medioambiental cada vez más arraigada en nuestra sociedad, quizá sea un poco de todo, pero la Alta Velocidad está de moda y a los agoreros que pronosticaban su fracaso ya no se les escucha”, aseveró.
Por otro lado, señaló que están tratando activar empresas públicas “cuyo objetivo era difuso” para convertirlas “en verdaderos motores para la gestión”. “Si tenemos un Adif para las infraestructuras ferroviarias, nuestro objetivo es que Sepes pase a ser el Adif de la vivienda y el suelo; Seitsa, por su parte, pasará a ser el Adif de las carreteras. Si Adif es una entidad capaz de ejecutar, busquemos el Adif que lleva dentro cada una de estas entidades”, explicó.
Sobre el mantenimiento de las carreteras, manifestó que es “cierto” que se sigue “corrigiendo el déficit”, pero advirtió, en referencia a la futura instalación del sistema de peajes, que España tiene “la obligación de planificar un sistema que permita la financiación del sistema para que no pueda caer con los ciclos políticos y económicos y que nos permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar externalidades negativas del transporte por carretera”. En este sentido, apuntó que, “aunque los niveles de gasto conservación viario son muy elevados, es imperativo que pongamos en marcha cambios normativos y administrativos que nos reclaman de Bruselas”.
En materia de vivienda, destacó el presupuesto de 3.462 millones de euros y apuntó que han aprendido de las “contaminaciones del pasado” al poner “freno a la transmisión y especulación de la vivienda de protección” y con la puesta en marcha de “una gran bolsa de vivienda pública para proteger a varias generaciones”.
Sobre la Ley de Vivienda, apuntó que las medidas que se incluyen “suponen una avance importantísimo” y advirtió, dirigiéndose a los grupos nacionalistas catalanes, que tras la declaración de inconstitucionalidad de la ley catalana pueden “elegir” que tampoco “haya” una ley estatal. Además, subrayó que “sin seguridad jurídica” el Ministerio “no va a tramitar absolutamente nada porque sino daremos un paso atrás en el mercado de la vivienda”.
En cuanto a la intermodalidad, señaló que las autopistas ferroviarias suponen una “apuesta clara” del Gobierno suscrito por “todos los agentes”. Así, apuntó que Adif ha creado una oficina que “facilita el contacto directo con el empresario creador de valor”. “Si las falsas polémicas han servido a los empresarios para descubrir las ventajas de las autopistas ferroviarias, en qué consisten y qué pueden conseguir gracias a ellas, las doy por bien empleadas”, apuntó.
PLAN DE RECUPERACIÓN
Respecto a los casi 17.000 millones de euros provenientes del Plan de Recuperación, aseguró que ya están movilizados el 72% de los recursos -actuaciones licitadas o transferidas a comunidades autónomas- y 5.500 millones están licitados. El resto se transferirá “en lo que queda de 2022 o en 2023”.
Pardo de Vera, además, señaló que “pese a las dificultades en los últimos ocho meses” no se prevé ningún retraso “significativo” con los 11 hitos para este 2022, que “están ya cumplidos, se cumplirán o, si tienen retraso, será cuestión solo de algunas semanas”.
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