MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
El Gobierno ha señalado que no puede informar sobre las empresas tecnológicas que utilizan técnicas adictivas para “enganchar” a los usuarios, siendo los menores la población de mayor riesgo.
En una respuesta parlamentaria a Vox registrada en el Congreso de los Diputados, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno justifica que no puede facilitar la información sobre estas empresas que están siendo objeto de investigaciones por parte de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), “por estar las investigaciones en curso, dado que podrían afectar al proceso mismo de la investigación”.
En este contexto, recuerda que está tramitando el anteproyecto de ley orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, con el objetivo de hacer efectivo el marco legal que prohíbe el acceso de menores a contenidos pornográficos, fomentar el uso responsable de Internet entre los niños y adolescentes y garantizar su protección frente a las consecuencias del acceso a contenidos inadecuados para su edad.
El proyecto normativo tiene como finalidad garantizar los derechos de las personas menores de edad en el ámbito digital, especialmente el derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen, así como el derecho a la protección de sus datos personales y al acceso a contenidos adecuados para su edad.
En este sentido, la ley contiene medidas para mejorar el conocimiento de los menores y de sus familias sobre los riesgos del entorno digital, sancionar de forma adecuada la vulneración de derechos que puede producirse en ese entorno –como, por ejemplo, la difusión de imágenes generadas por Inteligencia Artificial (IA)– e imponer obligaciones a grandes operadores e influencers, para garantizar la información y los derechos de los menores.
El anteproyecto recoge medidas para la prevención y formación en competencias digitales, dirigidas a las personas menores de edad, a sus familias y a los profesionales que tienen contacto con ellas, como docentes y sanitarios.
Asimismo, establece la obligación de elaborar una Estrategia Nacional sobre la protección de la infancia y la adolescencia en el entorno digital, en colaboración con las comunidades autónomas, las ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades locales, en la que participarán el Observatorio de la Infancia, las entidades del tercer sector, la sociedad civil y, de forma muy especial, con las niñas, niños y adolescentes, cuya finalidad perseguirá la alfabetización digital y mediática, la difusión de información a las familias y personas que habitualmente estén en contacto con menores, el uso seguro de dispositivos, la investigación y la creación de espacios de interacción y colaboración sobre cultura digital.
OBLIGACIONES DIRIGIDAS A LOS FABRICANTES DE DISPOSITIVOS DIGITALES
En el ámbito de la protección de consumidores y usuarios, establece dos nuevas obligaciones dirigidas a los fabricantes de los dispositivos digitales con conexión a Internet a través de los cuales las personas menores de edad puedan acceder a contenidos perjudiciales para su desarrollo, como son, la obligación de información en sus productos de los posibles riesgos derivados de un uso inadecuado, entre otros aspectos, y la obligación de que los dispositivos digitales que fabriquen incluyan una funcionalidad de control parental de servicios, aplicaciones y contenidos, que debe ser gratuita para el usuario.
Las empresas tecnológicas también tendrán que implementar sistemas de verificación de la edad efectivos para evitar el acceso a páginas web restringidas a personas adultas, quedando prohibido expresamente el acceso a los mecanismos aleatorios de recompensa o su activación por personas que sean menores de edad.
El texto también eleva de 14 a 16 años la edad mínima a la que se pueda dar consentimiento al tratamiento de datos personales. Las nuevas formas delictivas que se están produciendo en el entorno digital han impuesto la necesidad de abordar a través de este texto una respuesta integral de protección a la infancia y la adolescencia, por lo que incluye en su Disposición Final segunda una propuesta de modificación del Código Penal para acomodarlo a la nueva realidad digital.
El Gobierno destaca que su objetivo “es garantizar con mayor eficacia y seguridad el bienestar de la infancia y la adolescencia cuando entra en contacto con entornos digitales”.
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