MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, ha afirmado que, a pesar de la orden de detención dictada contra el presidente ruso, Vladimir Putin, continuará “buscando la cooperación” con Rusia en relación a la situación en Ucrania.
“Me aseguraré de que mi Oficina cumpla plenamente con su responsabilidad de conformidad con (…) el Estatuto de Roma para investigar las circunstancias incriminatorias y exculpatorias por igual”, ha remarcado Khan en un comunicado.
Más allá de esto, el fiscal jefe del TPI ha suscrito las acusaciones previas del organismo y ha incidido en que “existen motivos razonables” para acusar tanto al presidente Putin como a la comisaria presidencial de los derechos de la Infancia de la Federación de Rusia, Maria Alekseievna Lvova-Belova.
De hecho, Khan ha relatado que los incidentes registrados por la su Oficina incluyen la deportación “de al menos cientos de niños sacados de orfanatos y hogares de cuidado infantil”, muchos de los cuales han sido más tarde dados en adopción en territorio ruso, una maniobra que incluso ha sido facilitada legalmente por el Kremlin.
“Mi Oficina alega que estos actos, entre otros, demuestran la intención de sacar permanentemente a estos niños de su propio país. En el momento de estas deportaciones, los niños ucranianos eran personas protegidas en virtud del Cuarto Convenio de Ginebra”, ha añadido el fiscal jefe del TPI.
“Debemos asegurarnos de que los responsables de los presuntos delitos rindan cuentas y que los niños sean devueltos a sus familias y comunidades. Como dije en su momento, no podemos permitir que los niños sean tratados como si fueran un botín de guerra”, ha concluido el fiscal jefe Khan.
El TPI ha emitido este viernes una orden de arresto contra Putin y Maria Lvova-Belova, acusados de haber cometido el presunto crimen de guerra de deportar de forma forzada a menores de edad ucranianos desde zonas capturadas durante la guerra, iniciada hace ya más de un año, y hacia territorios rusos.
El tribunal entiende “motivos razonables” para creer que el presidente Putin “tiene responsabilidad penal individual” por estos delitos, bien por su comisión “directa” o por haber sido incapaz de “ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos”.
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