Acusa al Supremo de no adoptar medidas para preservar su intimidad y pide al CGPJ que lo haga
MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado este miércoles una ampliación de la queja que envió al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la difusión de datos personales en el marco de la investigación que el Tribunal Supremo (TS) dirige en su contra, donde denuncia que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia civil ha excedido el mandato judicial, por ir más allá del límite temporal que fijó el instructor, y que va del 8 al 14 de marzo de 2024.
Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, en este documento –dirigido a la presidenta del CGPJ y del TS, Isabel Perelló– detalla que, de las dos líneas de teléfono analizadas, se aporta de forma injustificada un desglose de la actividad en tiempo real.
Subraya que en una de las líneas se cubre toda la actividad desde el día 7 de marzo de 2024 a las 23.50 horas hasta el día 15 de marzo de 2024 hasta las 00.01 horas, mientras que de la otra se aportan los tiempos de conexión desde el 5 de diciembre de 2023 hasta el 24 de octubre.
Entre ambas, precisa el fiscal general, constan 240.000 registros de su actividad diaria y profesional que, a su juicio, incluyen multitud de datos accesorios y relevantes para su intimidad y vida familiar que, en cambio, son innecesarios para la investigación.
García Ortiz indica que como consecuencia de esta difusión de datos se ha puesto en riesgo su seguridad, llegando a recibir llamadas y correos electrónicos ofensivos, por lo que dice que ha tenido que cambiar de líneas telefónicas y cuentas de ’emails’.
El jefe del Ministerio Público reprocha a la UCO que haya excedido el mandato judicial y al instructor, Ángel Hurtado, que no haya adoptado medida alguna para salvaguardar su intimidad, por lo que insta al CGPJ a hacerlo ahora.
Precisamente este miércoles el CGPJ ha iniciado actuaciones previas para estudiar las reclamaciones realizadas por García Ortiz y su antecesora inmediata, Dolores Delgado, por la difusión de los datos personales contenidos en la documentación enviada por la UCO al Tribunal Supremo en el marco de la causa donde se le investiga.
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