MADRID, 12 (SERVIMEDIA)
El fiscal de Sala coordinador de la Fiscalía contra los Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, reconoció este martes que existe “una infradenuncia de estos casos”, por lo que animó a las víctimas “a que acudan a la policía, al juzgado de guardia y lo denuncien” porque solo denunciando se puede revertir la situación.
Así se pronunció en una jornada sobre intervención en delitos de odio, organizada por la Felgtb+ en la que también han participado la vocal de Delitos de Odio de la Federación Estatal, Laura González; el sociólogo y secretario de Organización de la Felgtb+, Ignacio Paredero, y las abogadas Charo Alises, Laia Serra y Edurne de la Hera, entre otras.
En la jornada se recordó que, según la encuesta ‘Estado LGTBI+ 2023’ elaborada por 40d, para la Felgtb+ y presentada en mayo de 2023, alrededor de 70.000 personas Lgtb+ sufrieron una agresión física o sexual en los últimos cinco años. Las cifras de agresiones físicas o sexuales denunciadas que declara el colectivo, vía encuesta, contrastan con los datos oficiales, que cifran en 1.551 los delitos de odio en los últimos cinco años.
Preguntado Aguilar por la disparidad de las cifras razonó, que “una cosa es la encuesta, que es muy amplia” y otra son los casos que llegan a los juzgados. “Los datos que tenemos son los ofrecidos por Interior, son datos de infracciones penales en los que se ha identificado al autor”.
Por todo esto remarcó que es fundamental denunciar para acabar con la infradenuncia de los delitos de odio e invitó a las víctimas a que “confíen más en la justicia y denuncien”.
También puso en valor el compromiso de la Fiscalía General del Estado de analizar caso por caso los delitos de odio, “siempre con escrupuloso respeto a la legalidad”.
Preguntado por cuándo será el nombramiento de la figura de la autoridad de igualdad de trato, que viene reflejada en la ley de igualdad de trato y que tendrá como objetivo intentar acabar con las discriminaciones de todo tipo por raza, religión, discapacidad o sexo, Aguilar espera que el nombramiento se produzca en los primeros meses de 2024, “posiblemente en febrero”, y su labor fundamental será “llevar a cabo la lucha contra las infracciones para comportamientos que no tienen categoría de delito pero contra los que se tiene que actuar” para que no queden impunes.
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