MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
El exjefe de ETA Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe, alias ‘Ata’, se ha negado a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el atentado perpetrado por ETA el 30 de mayo de 2003 en la ciudad navarra de Sangüesa que acabó con la vida de dos policías.
Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que ‘Ata’ se ha acogido a su derecho a no declarar ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1, Francisco de Jorge.
Cabe recordar que el magistrado le había citado aprovechando su situación de entrega temporal, que fue autorizada para ser juzgado por el asesinato del expresidente del PP en Aragón Giménez Abad, unos hechos por los que se encuentra a la espera de sentencia.
Aunque inicialmente también citó a la exintegrante de ETA Miten Itxaso Zaldúa, alias ‘Sahatsa’, el juez suspendió su declaración tras su puesta en libertad. El magistrado está pendiente de señalar el interrogatorio a través de videoconferencia con el juzgado mas cercano a su domicilio.
Fue el pasado mes de mayo cuando el instructor acordó la imputación de ‘Ata’, ‘Sahatsa’ y los exetarras Jon Lizarribar y Gurutz Aguirresarobe a raíz de la declaración de un testigo. El magistrado explicaba que la Jefatura de Información de la Guardia Civil le remitió un informe este mismo mes “donde se incluyen datos y elementos que permiten inferir, tras la declaración de un testigo presencial de los hechos, la presencia de tres hombres jóvenes con una mochila y en el mismo lugar, la Plaza de Santo Domingo, tan solo unas tres horas antes del atentado”.
“Tanto la descripción física inicial del testigo como el reconocimiento fotográfico dan credibilidad a la identidad de los posibles participantes en los hechos, como Lizarribar, Aguirresarobe y Carrera Sarobe”, detallaba el magistrado, que explicaba que los dos primeros habrían entrado a la plaza a bordo de un Golf negro. ‘Ata’, por su parte, se habría aproximado a ellos “a escasos metros del vehículo donde explotó el artefacto”.
El instructor aseguraba que los datos aportados por el testigo y los obrantes en las actuaciones situarían a estos tres miembros del comando ‘Basajaun’ en el lugar del atentado, unas tres horas antes de la explosión del coche bomba.
Se trató, recordaba, de una “bomba no temporizada que permitió a los terroristas llevar a cabo el atentado con mayor seguridad, ya que tras ser adosada en los bajos del coche, los delincuentes abandonarían el lugar en pocos minutos sabiendo que el sistema antimovimiento activaría el explosivo en cuanto el vehículo iniciara la marcha”.
AL FRENTE DEL COMANDO BASAJAUN
En este contexto, el magistrado apuntaba que al frente de ese comando de la banda terrorista se encontraban tanto ‘Ata’ como ‘Sahatsa’.
“La hegemonía terrorista que este comando y parte de su estructura legal llevaron a cabo principalmente en Navarra durante 2002 y 2003 otorga verosimilitud a los datos obrantes en el sumario, situando a los miembros de este complejo criminal en el lugar del atentado. El comando Basajaun dirigió durante 2003 la actividad terrorista de aquella zona, realizando labores de dinamización de especial relevancia como adiestramiento en manejo de armas y explosivos de sus miembros”, sostenía el juez.
En este contexto, el instructor aseguraba que ‘Sahatsa’ “era la encargada de redactar las comunicaciones en las que este comando informaba a los responsables del aparato militar de la situación y necesidades de la estructura terrorista legal que coordinaban, lo que evidencia que esta terrorista era la responsable interna del comando”.
UN “ESTADO DE TERROR TOTAL”
El instructor admitió en abril del pasado año la querella de Dignidad y Justicia contra los ocho integrantes del comité ejecutivo de ETA o zuba en el momento del atentado –María Soledad Iparraguirre, alias ‘Anboto; Mikel Albisu, Mikel Antza; Ramón Sagarzu, Ramontxo; Gorka Palacios; Garikoitz Aspiazu; Aitzol Iriondo; Félix Ignacio Esparza; y Juan Fernández Iradi– y contra Garikoitz Arruarte y Gorka Lorán como presuntos autores materiales.
El instructor subrayó que estos exjefes de ETA buscaron durante su mandato “crear un estado de terror total”, generar la sensación “de no saber por dónde iba a venir el siguiente ataque”.
El juez enfatizó que la secuencia de atentados que comenzó el 30 de mayo de 2003 con los hechos de Sangüesa “no fue sino el inicio de una ofensiva terrorista, de un giro estratégico, netamente diferenciado de los meses o el año precedente, y que plagó la geografía española de artefactos” explosivos.
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