Insta a que se solicite a la empresa información sobre la adjudicación de un contrato para adquirir un millón de mascarillas
MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
La defensa del que fuera jefe de Personal de Adif Michaux Miranda ha remitido al juez del ‘caso Koldo’ una serie de documentos con los que busca “acreditar que la actuación” que llevó a cabo en la compra de material sanitario “se ajustó a la normativa de excepción aplicable al tiempo de los hechos”, en plena pandemia de coronavirus.
En un escrito, recogido por Europa Press, la representación del exdirectivo pide al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 que inste a Adif a informar sobre las causas de resolución de un contrato con INNJOO Technology para el suministro de un millón de mascarillas.
Además, Miranda solicita que se pida a Adif que informe sobre la documentación facilitada a la Subdirección General de Inspección de los Servicios y Atención a la Ciudadanía del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en el marco de la auditoría encargada por el actual titular de Transportes, Óscar Puente.
En concreto, añade, “con expresa referencia sobre si se facilitó la información relativa a la resolución del contrato suscrito con INNJOO Technology”.
Por otro lado, insta a que Adif aporte certificación de las actas correspondientes a las reuniones del Consejo de Administración de 31 de marzo de 2020 y de 28 de abril de 2020, en todo lo relativo a las declaraciones de emergencia relacionadas con la empresa clave de la trama, Soluciones de Gestión, con la propia INJOO Technogoly y con Raminatrans, que se habría encargado de la distribución de las mascarillas.
EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN
Y, en esta línea, su defensa pide que también se aporte la certificación del acta de la reunión del comité de contratación de 21 de abril de 2020 en todo lo relativo a las tres empresas.
Su representación aduce que estas diligencias de investigación interesadas son “pertinentes, necesarias y posibles, por cuanto se refieren al objeto del proceso y son susceptibles de explicar las circunstancias que rodearon la tramitación y ejecución” del citado expediente.
Cabe recordar que en este procedimiento, que toma su nombre de Koldo García, el exasesor del exministro José Luis Ábalos, la Audiencia Nacional investiga a una presunta trama que habría pagado comisiones para conseguir adjudicaciones para la venta de mascarillas en la pandemia.
En concreto, están bajo el foco ocho contratos adjudicados por distintos entes de la Administración Pública con un importe global de 51.998.434 euros. La Fiscalía Anticorrupción atribuye a los investigados presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
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