La Fiscalía ratifica su petición de cuatro años de cárcel y descarta la prescripción de los hechos
MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
El que fuera director general de Participadas de Sa Nostra y consejero delegado de la filial Invernostra Rafael Oliver ha asegurado este lunes, en el inicio del juicio que se sigue contra la excúpula de la extinta caja de ahorros, que tenía “conocimiento” cero sobre el tipo de operaciones que se realizaron con el Grupo Sotohermoso, una empresa participada.
A preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, Oliver ha asegurado que “no podía tomar una decisión operativa” sin “proponerlo al Comité de Dirección” de Sa Nostra. “En resumen, como consejero tenía todas las funciones restringidas en favor de la matriz y, por otra parte, el propio Consejo de Administración no delegó en mí ninguna función”, ha sostenido.
En este contexto, Oliver ha asegurado que tiene “conocimiento cero” sobre cuestiones de concesión de crédito y riesgo. “Yo únicamente participaba como interlocutor en la financiación propia de Sotohermoso. Si Sotohermoso necesitaba un crédito, pues yo no tenía nada que ver. Sa Nostra tenía su propia estructura para negociar, tramitar y decidir”, ha explicado.
En su declaración, el acusado ha sostenido que se dio “cuenta” de que Sotohermoso tenía “un problema de liquidez” y que lo expuso al Comité de Inversiones. Él, ha detallado, “actuaba como interlocutor entre Invernostra, Sa Nostra y viceversa, y trasladaba” las cuestiones de este tipo “al Comité de Administración de Invernostra, para que los señores consejeros pudiesen consultar toda la documentación de la operación que iban a resolver”.
“Cualquier decisión de riesgo que yo haya podido tomar siempre ha contado con la autorización de mis superiores o de los estamentos que podían tomar esta decisión”, ha añadido.
A su juicio, estas operaciones fracasaron “por la crisis económica”. “Hasta el año 2008, que estalla la crisis, la participación de Invernostra en el negocio inmobiliario resultó beneficioso”, ha defendido.
LA FISCALÍA DESCARTA LA PRESCRIPCIÓN
Este lunes, la Fiscalía Anticorrupción ha descartado que las operaciones de financiación que una de las filiales de la extinta Caja de Ahorros Sa Nostra realizó en el Grupo Sotohermoso hayan prescrito como así han defendido los exintegrantes de la cúpula de la entidad a los que la Audiencia Nacional juzga por un delito de apropiación indebida.
En la primera sesión de la vista oral, la fiscal ha descartado la petición de las defensas de todos los acusados, que han solicitado al tribunal que declare la extinción de la responsabilidad penal de los mismos al entender que los hechos por los que se sientan en el banquillo de los acusados estarían prescritos.
La Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, “entiende que para apreciar la prescripción de manera anticipada no debe existir duda alguna sobre la concurrencia de sus presupuestos, lo que no ocurre cuando las peticiones de acusaciones o subtipos agravados y continuidad delictiva permitan ampliar el marco de la acusación hasta penas que determinan un plazo de prescripción mayor”.
La representante del Ministerio Público, en concreto, ha asegurado que el delito de apropiación indebida agravada “implicaría una prescripción de un periodo de 10 años, con lo cual no estaría prescrito”.
El tribunal, presidido por el magistrado Fernando Andreu, ha realizado una pausa para deliberar sobre esta cuestión previa, pero finalmente ha reanudado la vista oral postergando su resolución a la sentencia.
CONDENAS DE 4 AÑOS DE CÁRCEL
En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción pide condenar a los ex directores generales de Sa Nostra Pere Josep Batle y Pablo Miguel Dols; al propio Rafael Gerardo Oliver; y a los empresarios Adolfo Sánchez de Movellán y Francisco José Morales de Jodar a cuatro años de cárcel por un delito continuado de apropiación. Para el expresidente de Sa Nostra Fernando Alzamora y para el que fuera director de la División Inmobiliari Antonio Cantallops, solicita una pena de dos años y seis meses de prisión.
El Ministerio Público sostiene que, en 2006, la Caja de Ahorros de Baleares Sa Nostra tenía entre sus clientes a los acusados Sánchez de Movellán Ruiz y Morales de Jodar, con los que participó, desde julio de ese año, en la sociedad Sotohermoso Servicios Inmobiliarios SL.
La Fiscalía incide en que “el proceso de financiación que comenzó con la entrada misma de Sa Nostra en Sotohermoso se llevó a cabo a través de muy diversas reuniones, informes y acuerdos de los acusados Batle, Dols y Oliver, así como, con menor participación y capacidad decisoria, Alzamora y Cantallops”.
“Aunque algunas operaciones fueran decididas formalmente por sus órganos de gobierno, en su preparación y adopción la actuación decisiva fue de sus directivos. Esta actuación la llevaron a cabo los acusados a través de la Caja de Ahorros o de sociedades participadas al 100% como citada Invernostra SLU” –sociedad participada por Sa Nostra–, continúa Anticorrupción.
Fue el 30 de junio de 2006 cuando el Consejo de Administración de Invernostra aprobó la entrada de Invernostra en la entidad Sotohermoso “dejando sin definir el modo exacto de dicha entrada que, en todo caso supondría una participación del 35%”.
UNA “SITUACIÓN DE DESEQUILIBRIO”
Anticorrupción sostiene que “las irregularidades llevadas a cabo para materializar el acuerdo entre los acusados, facilitadas por las debilidades de la estructura financiera de la entidad y del control de las sociedades participadas, incluyeron deliberadamente omisiones en los procesos de análisis, concesión y seguimiento de las operaciones”.
La Fiscalía asegura “que la propia composición societaria y de capital en sí misma ya colocó a la Caja de Ahorros Sa Nostra en situación de desequilibrio”. “A partir de su entrada en Sotohermoso ésta obtuvo diferentes líneas de financiación de la caja balear como diferentes préstamos participativos por parte de Invernostra que, en gran parte de los casos, acabaron siendo compensados mediante ampliaciones de capital de la participada”, añade.
Y es que, apunta, “la entrega de fondos que fue concedida, a espaldas de la valoración de los analistas financieros de la entidad, se articuló formalmente mediante actos de naturaleza diversa”, como la “contratación de prestación de servicios, financiación de aportación de capital a los socios, avales, comfort letters, préstamos y una opción de venta a los demás socios”.
EL OTRO JUICIO A LA EXCÚPULA
Cabe recordar los exdirectivos de Sa Nostra ya fueron juzgados en la Audiencia Nacional. En 2021 el tribunal absolvió a Batle, Dols, Oliver y al empresario Francisco Javier Collado por una serie de operaciones con la inmobiliaria Martín Gual en Palma de Mallorca.
En 2022, después de que la Sala de Apelación anulara ese fallo y ordenase dictar uno nuevo, la Audiencia Nacional absolvió nuevamente a los directivos al considerar que la acusación formulada por presuntos delitos de apropiación indebida y administración desleal resultaba “absolutamente improsperable”.
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