MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
El ex consejero delegado de la extinta Banca Privada de Andorra (BPA) Joan Pau Miquel ha presentado este mismo jueves una querella en la Audiencia Nacional (AN) contra el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y varios mandos policiales por su presunta implicación en la ‘Operación Cataluña’.
Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que la querella, que apunta a supuestos delitos de organización criminal, falsedad documental, amenazas, detenciones ilegales, malversación y falso testimonio, también se dirige contra el ex ‘número dos’ de Interior Francisco Martínez, el ex director general de la Policía Ignacio Cosidó o el comisario jubilado José Manuel Villarejo, entre otros.
Las mismas fuentes detallan que la querella, dirigida al Juzgado Central de Instrucción que corresponda por reparto, va acompañada de una serie de audios, vídeos y documental que se presentará este mismo viernes en la Audiencia Nacional.
Los hechos denunciados están relacionados con presuntas extorsiones, coacciones y chantaje desde 2014 por parte de agentes de la Policía Nacional a responsables de la BPA para conocer mediante vías ilegales una información bancaria secreta protegida por la legislación andorrana de varios gobernantes de Cataluña y sus familiares, entre ellos los exdirigentes catalanes Jordi Pujol, Artur Mas y Oriol Junqueras.
HECHOS FUERA DE LA COMPETENCIA DE LA AN
Se trata de la segunda querella que la representación de Miquel presenta en el mismo sentido después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, rechazase el pasado mes de julio indagar en este asunto.
El letrado del otrora CEO de la BPA remitió el escrito a García Castellón al entender que los hechos denunciados guardaban relación con ‘Tándem’, la macrocausa en la que el juez indaga en los encargos privados realizados por Villarejo valiéndose supuestamente de su condición de policía en activo.
García Castellón, sin embargo, rechazó esta pretensión al considerar que los hechos no eran de su competencia. La representación de Miquel, por contra, considera que la AN es el tribunal competente en tanto que este caso lleva aparejado un alcance perjuicio económico considerable ligado a la liquidación de la entidad.
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