Vuelve a reclamar que la petrolera venezolana entregue la documentación original en la que basa su querella
MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
El ex viceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela Javier Ochoa Alvarado ha pedido a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón que requiera nuevamente a la petrolera venezolana PDVSA la documentación que le fue solicitada en un auto de 17 de noviembre de 2020, al tener “duda fundada” sobre la autenticidad de la misma, al tiempo que ha solicitado que se tome declaración al presidente venezolano, Nicolás Maduro.
En un escrito del pasado martes, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Ochoa Alvarado interesa a la titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 que “tome declaración, en calidad de testigos o de investigados”, a Maduro y al ex alto cargo de PDVSA César Rincón.
En el caso de Maduro, apunta a “su condición de director miembro de la Junta Directiva de PDVSA durante, al menos, el año 2012 objeto de la presente instrucción, a resultas del contenido del informe de la UDEF –Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal– de 20 de junio de 2022 que le atribuye responsabilidad” en las operaciones investigadas.
Sobre Rincón, recuerda que “ostentó cargos gerenciales de PDVSA y Bariven, durante todo el período 2009 a 2015, objeto de la presente instrucción”. Además, subraya que su firma consta en varias de las operaciones de compra investigadas por valor de más de 615 millones de dólares.
“Debido a su nivel de autorización financiera (entre 4,6 a 9,3 millones de dólares), su intervención y autorización de operaciones fue preceptiva y la de máximo rango en la inmensa mayoría de las operaciones investigadas”, recalca.
Además, vuelve a pedir a Tardón que requiera de nuevo a PDVSA para que aporte “todas las actas del Comité de Operaciones y de la Junta Directiva” que se le vienen solicitando desde esa resolución de 17 de noviembre de 2020.
En consecuencia, el ex viceministro venezolano anticipa ya que “deberán efectuarse los apercibimientos legales oportunos para el caso de que persista la querellante PDVSA en su voluntad rebelde al cumplimiento íntegro de dicho auto”.
Asimismo, insta a conseguir de PDVSA “los documentos originales de todos y cada uno de los documentos que ha aportado a la causa, tanto con su querella como con posterioridad”.
Y ello ante “la duda fundada sobre la autenticidad de dichos documentos”, por lo que ve necesario “practicar las correspondientes pruebas periciales que acrediten su autenticidad o falsedad, en su caso”.
EL ‘CASO PDVSA’
En esta primera pieza separada del ‘caso PDVSA’, la juez investiga una querella formulada por la propia petrolera contra más de una veintena de personas, entre físicas y jurídicas, por los presuntos delitos de blanqueo de capitales cometidos en territorio español y los previos para producirlo de organización criminal para la comisión de actos de corrupción, defraudación y otros cometidos en el extranjero.
La querella se dirige contra Ochoa Alvarado; los ex responsables de compras de PDVSA Alfonzo Eliézer Graviña y José Luis Ramos Castillo; el ex gerente de compras en la filial Bariven Christian Maldonado Barillas; Rafael Reiter Muñoz, considerado ‘mano derecha’ del ex presidente de PDVSA Rafael Ramírez; y contra varios miembros de la familia Rincón y otros empresarios petroleros.
En concreto, PDVSA apunta a la existencia de una “organización criminal” formada por diversas personas y un entramado empresarial que habría llevado a cabo “diferentes operaciones de disimulación y camuflaje con la finalidad de defraudarla y obtener un beneficio ilícito” que al menos en parte se habría blanqueado en España mediante la compra de inmuebles y la creación de sociedades.
En una segunda pieza, la Audiencia Nacional indagaba en la denuncia formulada por la Fiscalía Anticorrupción en junio de 2017 por delitos de blanqueo de capitales respecto a “fondos procedentes de una actividad dirigida a la defraudación y/o apropiación del patrimonio de PDVSA y otras empresas públicas de Venezuela”, como Corpoelec.
LÍNEA CERRADA
En este caso, la denuncia señalaba al ex viceministro de Energía de Venezuela Nervis Villalobos, su mujer Milagros Coromoto Torres y José Trinidad Márquez y Katilin Miguelina Mijares, así como a diversas personas jurídicas vinculadas a ellos. Sin embargo, la Audiencia Nacional archivó esta línea de investigación hace unos meses al no encontrar “indicios suficientes de posible actividad delictiva”.
En la tercera pieza, Tardón pone la lupa sobre los hechos recogidos en un informe de octubre de 2018 firmado por la UDEF que señala la existencia de “una nueva operativa sospechosa de blanqueo de capitales” que habría sido realizada por Villalobos para lavar “fondos de ciudadanos venezolanos procedentes de la corrupción y el fraude” en PDVSA.
La operativa, que habría beneficiado a Villalobos, al ex asesor legal del Ministerio de Petróleo de Venezuela Carmelo Urdaneta y al presidente de Globovisión Raúl Gorrín, partiría de una supuesta inversión del ex viceministro en una SICAV de Malta por la que habría recibido un reembolso parcial mediante participaciones en una empresa española con importantes activos inmobiliarios, Columbus One, y la cesión de un derecho de cobro sobre la misma de más de 6 millones de dólares.
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