MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
El equipo legal del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro ha pedido archivar la causa abierta por intentar quedarse unas joyas que recibió de Arabia Saudí, amparándose en el fallo del Tribunal de Cuentas de Brasil (TCU), que recientemente eximió al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, de entregar al patrimonio público un reloj que recibió en 2005 en un viaje a Francia, si bien este decidió entregar el mencionado objeto.
La defensa de Bolsonaro, que ha realizado la petición este lunes ate el Tribunal Supremo Federal, ha considerado que la decisión del TCU confirma que “no hay ilegalidad en la conducta practicada” por el expresidente. “La decisión administrativa que reconoce la legalidad de la conducta -está libre de defectos y rodeada de formalidades legales- interfiere directamente en el ámbito penal, porque elimina la necesidad de este último control, debido al principio de subsidiariedad”, ha agregado.
Lula tomó la decisión de entregar el reloj –obsequio de la marca francesa Cartier valorado en 9.700 euros– ante la posibilidad de que el fallo pudiera beneficiar a Bolsonaro, extremo que no ha sido del agrado del presidente. La demanda fue interpuesta por un diputado del partido del derechista, con vistas a que pudieran favorecer al exmandatario, que había recibido regalos por valor de 7 millones de reales (1,1 millones de euros).
Bolsonaro está acusado por la Policía Federal no solo de maniobrar para quedarse algunas de estas joyas, sino de intentar colocarlas en joyerías estadounidenses y desviar dinero obtenido de la venta de varias de ellas. Los investigadores insisten en que habría delito, ya que los activos vendidos pertenecerían al acervo público.
No obstante, esta decisión depende ahora del TCU, que deberá reunirse y analizar la situación de un Bolsonaro al que se le acumulan las causas tras su salida de la Alvorada, entre ellas la supuesta falsificación de la cartillas de vacunación para saltarse las restricciones del coronavirus y su implicación en un intento de golpe de Estado para evitar la toma de posesión de Lula tras las elecciones de 2022.
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