Simón explica que realizó una donación de 30.000 euros a Catdem, una fundación vinculada a CDC
MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
El propietario de Ambulancias Egara, Oscar Simón, ha reconocido este jueves en la Audiencia Nacional que mantuvo contactos con el empresario y exdirigente de CDC David Madí al tiempo que ha negado cualquier tipo de irregularidad en la adjudicación de contratos públicos.
Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que en su declaración como investigado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, Santiago Pedraz, Simón ha explicado que se reunió con Madí buscando una inyección de liquidez en la empresa que heredó de su padre.
En este contexto, Simón conoció a un hombre, Juan Luis Gallardo, que le ofreció buscar inversores. Gallardo, que en ese momento trabajaría con las ambulancias del País Vasco, le habría puesto en contacto con un grupo inversor: ICAT Desenvolupament.
Según las fuentes consultadas, ese grupo era propiedad del propio Madí y de otro de los imputados que ha declarado este jueves: el empresario Juan Alberto Arqués.
Fue en 2012 cuando Simón y los dos empresarios decidieron llevar a cabo una opción de compraventa del accionariado de Ambulancias Egara. Las negociaciones, sin embargo, no llegaron a buen puerto y terminaron por romperse por dos razones.
NEGOCIACIONES FALLIDAS
La primera, explican las mismas fuentes, es que Arqués abandonó ICAT. La segunda es que Simón expresó sus suspicacias con respecto a Madí, con quien no tenía buena sintonía. Fue entonces cuando el propietario de Ambulancias Egara habría pedido a Arqués que le apartase de esa negociación.
En su declaración ante el magistrado, Simón sí habría reconocido que Ambulancias Egara realizó una donación de 30.000 euros a Catdem, una fundación vinculada a CDC, a iniciativa de su padre. Con todo, ha explicado que la empresa realizaba donaciones de forma usual.
Este mismo jueves estaba previsto que el juez también tomase declaración como investigados a los empresarios Fermí Ferrán y Alejandro García-Gascón. Sin embargo, la agenda del instructor ha obligado a posponer las mismas.
En esta misma causa, el juez Pedraz citó a declarar el próximo 3 de mayo a Madí, a José Ramón y Manuel Castarlenas, de la consultora RCM, y a la empresaria María José Cordovilla. Con todo, las fuentes consultadas explican que la declaración del exdirigente de CDC y la de Manuel Castarlenas han sido suspendidas.
Así las cosas, el instructor únicamente escuchará el próximo 3 de mayo a José Ramón Castarlenas y a María José Cordovilla. La citación de Madí y de Manuel Castarlenas, por contra, está pendiente de una nueva fecha.
LA EMPRESA ASEGURA QUE RESPETA LA “LEGALIDAD”
A través de un comunicado, recogido por esta agencia de noticias, Ambulancias Egara ha asegurado que “el objetivo de los directivos” de la empresa “es aclarar todo lo relativo a la compañía ante el juez instructor, con la esperanza de esclarecer los hechos y que todo se resuelva lo antes posible”.
“En lo que respecta a las licitaciones públicas en las que la compañía ha participado, la compañía siempre ha concurrido a los concursos de estas licitaciones en igualdad de condiciones que el resto de empresas participantes, cumpliendo con todos los requerimientos y respetando la legalidad vigente”, han sostenido.
En línea con ello, añaden que “todos los contratos de transporte sanitario público en Cataluña de Ambulancias Egara han sido adjudicados de forma transparente y de acuerdo a derecho”.
Por ultimo, niegan que Ambulancias Egara o sus directivos hayan “tenido vínculos” con algún partido político catalán o “con personas involucradas en casos de presunta corrupción política, no existiendo motivos para mantenerles en calidad de investigados en este caso”.
EL ORIGEN DE LAS PESQUISAS
La decisión de Pedraz de imputar a todos ellos atendía a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que interesó esas imputaciones apoyándose en el atestado policial que obra en la causa y en las entradas y registros acordados con anterioridad en la sede de la empresa sanitaria.
Según pudo confirmar en fuentes jurídicas Europa Press, el magistrado acordó la entrada y registro el pasado 2 de marzo en la sede de Ambulancias Egara en Terrassa, en las dependencias de una unión temporal de empresas (UTE) en Lleida, y en una consultora de Barcelona, para localizar documentación sobre esas presuntas adjudicaciones irregulares del servicio de transporte de pacientes cuando estaba al frente del Govern CDC.
Las pesquisas se centran en hallar indicios relativos a la adjudicación de tres lotes del concurso sanitario de Cataluña en 2015 a una UTE de la que participaba Ambulancias Egara.
Se da la circunstancia de que Madí ya fue condenado en octubre de 2022 en el marco del ‘caso Triacom’ por el Juzgado Penal 23 de Barcelona a 14 meses de prisión y una multa de 219.750 euros tras el juicio contra él y otros siete acusados por una trama de facturas falsas en 2011 en la que participó como cooperador necesario para defraudar a Hacienda.
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