MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
La entrada de la operadora saudí STC en el accionariado de Telefónica tendrá un papel secundario en el viaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Jordania, Arabia Saudí y Qatar, dado que el objetivo principal será el diálogo con representantes de tres países a los que España considera interlocutores esenciales para avanzar en el plan de reconocer el Estado palestino y la celebración de una conferencia de paz que permita resolver la crisis de fondo.
A pesar de ello, tanto en Qatar como en Arabia Saudí el jefe del Ejecutivo se verá con representantes de empresas españolas con intereses en estos países. De hecho, solo en Arabia Saudí, las compañías españolas han ganado en la última década contratos por valor de 17.000 millones de euros, algo que para el Gobierno evidencia la importancia de las relaciones económicas bilaterales.
Sin embargo, fuentes oficiales dejan claro que la entrada de la saudí STC en el accionariado de Telefónica no representa un tema prioritario del viaje, aunque Sánchez estaría preparado para tratarlo si lo saca a coalición la otra parte.
El Gobierno da por sabida su posición y enmarca la compra de una participación de hasta el 10% en Telefónica a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el interés estratégico de la compañía para España.
De hecho, la SEPI ya ha adquirido el 3,044% del capital de la operadora presidida por José María Álvarez-Pallete y fuentes del mercado han señalado a Europa Press que la entidad pública dependiente del Ministerio de Hacienda tendría aparcado otro 2% del accionariado de Telefónica a través de derivados financieros.
En diciembre de 2023 el Gobierno ordenó a la SEPI adquirir hasta un 10% de Telefónica en un movimiento que estuvo marcado por el sorpresivo desembarco de STC en el accionariado de la teleco el pasado septiembre, cuando adquirió un 9,9% de la compañía –un 4,9% en acciones directas y un 5% en derivados financieros– por 2.100 millones de euros.
Debido a la normativa sobre inversiones extranjeras vigente en España, el Gobierno debe dar su visto a que STC supere el 5% en Telefónica debido a su carácter estratégico y a su vinculación con la defensa nacional, con lo que la participación que la operadora saudí tiene en derivados financieros no podrá hacerse efectiva sin el visto bueno del Ejecutivo.
Así, el Ejecutivo está pendiente de los pasos de la parte saudí, que debe pedir una autorización para llegar al 9,9% del capital social de Telefónica.
En esa solicitud de autorización, STC debería aclarar, entre otras cuestiones, si su intención es entrar o no en el consejo de administración de Telefónica.
Sin embargo, fuentes oficiales aclaran que el Ejecutivo no revelará si STC ya ha solicitado la autorización y se limitará al anuncio sobre el aval o el rechazo de dicha petición en Consejo de Ministros.
HACIENDA INYECTÓ 500 MILLONES A LA SEPI
En este contexto, el Ministerio de Hacienda aprobó la inyección de 500 millones de euros a la SEPI para afrontar la adquisición de acciones de Telefónica, según figura en un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
En concreto, el informe de ejecución presupuestaria de febrero (publicado el pasado 27 de marzo) apunta que hubo una aportación patrimonial de 500 millones de euros a la entidad pública, una inyección de liquidez que se destinó a la adquisición de acciones de Telefónica.
Al precio de mercado actual, el paquete accionarial del Gobierno en Telefónica tiene un valor de casi 716 millones de euros, con la cotización de la compañía en 4,089 euros al cierre del pasado viernes (este lunes está cerrada la Bolsa).
Al mismo tiempo, al precio de mercado actual, la adquisición del otro 7% restante (hasta completar el 10%) tendría un coste de unos 1.646 millones de euros.
La decisión del Gobierno de no presentar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2024 y prorrogar los del año anterior generó ciertas dudas en torno a cómo iba a proceder el Estado para financiar su entrada en el accionariado de Telefónica.
Sin embargo, a mediados de febrero el Gobierno aseguró que la orden transmitida a la SEPI el pasado diciembre se mantendría pese a no contar con nuevos Presupuestos.
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