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El Departamento de Justicia ha decidido proporcionar un refuerzo al Tribunal Supremo con el fin de hacer frente a su carga de trabajo. Esta ayuda constará de 15 abogados y un presupuesto cercano a los 800.000 euros

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El alto tribunal alertó de la situación y el CGPJ reclamó los refuerzos al Ministerio

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Justicia ha aprobado este viernes un programa de actuación para el refuerzo en el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, con el fin de “afrontar la sobrecarga de asuntos que sufren las Salas Tercera –la de lo Contencioso-Administrativo y Cuarta -la de lo Social–“. Dicho plan tendrá una duración de siete meses y contará con una dotación de 781.738,20 euros para incorporar a 15 nuevas plazas de letrados.

Así lo ha informado este viernes el Departamento dirigido por Pilar Llop, que pretende hacer frente “a esa sobrecarga que ha provocado el elevado número de plazas vacantes de magistrados del Tribunal Supremo que no han sido cubiertas, al encontrarse en funciones el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)”.

Según ha precisado el Ministerio, la duración de este refuerzo se ha establecido en los citados siete meses, a contar desde el día 1 de junio. “Si la fecha de inicio efectivo fuera posterior, el plan se desarrollará hasta el 31 de diciembre de 2023”, ha matizado, al tiempo que ha indicado que “podrá ser prorrogado en los términos que se establezcan”.

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Desde Justicia han explicado que se ha concedido la autorización económica previa para ocho comisiones de servicio con relevación de funciones para la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Dichas plazas “deberán ser cubiertas de forma preferente por magistrados de la jurisdicción contencioso-administrativa con el fin de asistir a las secciones Segunda y Quinta de enjuiciamiento”. “Así, mediante el estudio y documentación de asuntos pendientes, se podrá incrementar el número de sentencias”, han añadido.

En el caso de la Sala Cuarta, el Ministerio ha señalado que se han autorizado siete comisiones de servicio con relevación de funciones destinadas, de forma preferente, a magistrados de la jurisdicción social para su colaboración en la redacción de proyectos de sentencias en asuntos repetitivos o con jurisprudencia consolidada.

22 VACANTES EN EL SUPREMO

La medida adoptada por Justicia tiene lugar después de una petición expresa del propio Supremo y del CGPJ a principios de año. Cabe recordar que con la jubilación del magistrado de lo Penal Miguel Colmenero –que se materializó el pasado 13 de abril– ya son 22 las vacantes en el Supremo, que sufre bajas en casi todas sus Salas.

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La Sala de lo Civil tiene 8 de los 10 magistrados que le corresponden; la de lo Penal, 14 de sus 15 magistrados; la de lo Contencioso-Administrativo cuenta con 21 de los 33 que debería de tener y en 2023 espera una nueva jubilación; la de lo Social tiene 8 de los 13 que le corresponde y en julio sumará otra vacante; y la de lo Militar tiene 6 de los 8 magistrados que debería tener y en septiembre contará con uno menos.


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