MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha constatado que el alumnado con discapacidad auditiva “no cuenta con suficientes” intérpretes de lengua de signos en los centros educativos y, cuando los tiene, “no es en las horas que precisa”.
Así lo ha recogido el Defensor del Pueblo en su Informe anual 2024, recogido por Europa Press, presentado este martes en el Congreso de los Diputados, en el que avisa de una “carencia” de intérpretes de lengua de signos en los colegios.
En este sentido, pone como ejemplo que el Departamento de Educación del Gobierno Vasco amplío, mediante la modificación de las correspondientes instrucciones, el tipo de titulación que permite el desempeño de esta función, posibilitando que las necesidades de los centros sean adecuadamente cubiertas.
Familias y docentes que se dirigieron al Defensor del Pueblo consideraron “insuficiente” la ratio establecida entre el profesorado especialista de Audición y Lenguaje y el de Pedagogía Terapéutica y el alumnado que precisa su atención.
Aducían que la Administración educativa solo tiene en cuenta para el cálculo de la ratio los alumnos con adaptaciones significativas, esto es, los que tienen necesidades educativas especiales (ACNEE). Ello supone la exclusión de estos apoyos del resto de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE), en especial con dificultades específicas de aprendizaje o con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).
Por otro lado, el Defensor advierte de que la falta de auxiliares técnicos educativos y de técnicos de integración social siguió siendo la causa de la “limitada oferta” de actividades extraescolares y campamentos y escuelas de verano para el acceso del alumnado con necesidades educativas especiales en igualdad de condiciones con otros alumnos.
La Consejería de Educación y Formación Profesional de la Región de Murcia aceptó la recomendación formulada por el Defensor del Pueblo para que se revisen los criterios para determinar las dotaciones de este personal atendiendo al número de alumnos y su grado de dependencia, y se promuevan las iniciativas necesarias que permitan garantizar la cobertura inmediata de las vacantes o sustituciones.
Además, la dotación de personal de enfermería escolar en todos aquellos centros educativos que escolaricen a alumnos que presentan necesidades sanitarias “siguió siendo una petición constante de las familias”.
“Aunque es reconocible el esfuerzo que las administraciones educativas vienen realizando para atender a este alumnado, es preciso avanzar en el establecimiento de un procedimiento claro de colaboración entre la Administración sanitaria y la Administración educativa, para facilitar la respuesta asistencial a los alumnos que precisen de atención sanitaria específica en el ámbito escolar”, apunta la institución.
El informe también señala que la constatación de las altas tasas de fracaso escolar temprano, falta de titulación y segregación escolar del alumnado de la comunidad gitana determinó actuaciones de oficio ante el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y ante todas las consejerías competentes en educación para conocer qué actuaciones se estaban llevando a cabo en los distintos territorios para lograr su inclusión educativa en condiciones de igualdad con el resto de la población.
Al respecto, el Defensor del Pueblo apunta en el documento que, al cierre del presente informe, “todavía no se habían recibido todas las respuestas”.
- Te recomendamos -
