MADRID, 25 (SERVIMEDIA)
El Defensor del Pueblo apremia a mejorar la situación de las víctimas de violencia de género mayores, “que tienen especiales dificultades para acceder a los derechos y a los recursos que establece el ordenamiento para poder salir de la situación de maltrato y recobrar sus vidas”.
Así se recoge en el Informe anual de la actividad de la institución en 2024 que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, registró este martes en las Cortes Generales y entregó a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. Gabilondo también entregará el documento al presidente del Senado, Pedro Rollán.
“Las quejas de estas víctimas revelan que padecen una violencia oculta, perpetrada a lo largo de los años, que está socializada y normalizada. Hacen patente el hecho de haber sido educadas para ejercer el rol del cuidado de la familia bajo la sumisión al padre, que es quien aporta los recursos económicos. No son capaces de denunciar a sus agresores y tienen muchas dificultades para salir del entorno violento. Quienes en este contexto consiguen pedir ayuda se enfrentan a servicios y políticas públicas no adaptados a su realidad, porque tienden a partir del presupuesto de una víctima más joven, que sufre una agresión en un momento puntual y que es capaz de afrontar por sí misma una nueva vida y alcanzar su independencia económica. Estas características no se dan en muchos casos en las mujeres mayores de 65 años”, revela el citado informe.
Para el Defensor, “son un grupo especialmente vulnerable de víctimas en las que confluye una doble discriminación por su condición de mujeres y por lo que significa el fenómeno del edadismo. Se trata generalmente de víctimas que han vivido años de violencia en el seno de sus matrimonios, en situación de dependencia económica respecto del marido o exmarido, y que padecen aislamiento social y familiar por falta de independencia personal”.
Por esto considera que “la perspectiva interseccional de las violencias sufridas por las mujeres mayores debe estar presente en la ley y en las políticas públicas. Solo reconociendo las dificultades y los impedimentos que deben afrontar es posible acertar en las soluciones para garantizar el acceso de estas mujeres a los recursos públicos, restaurando en lo posible los daños sufridos y recuperándolas para una vida plena, libre de violencia”.
- Te recomendamos -
