MADRID, 25 (SERVIMEDIA)
El Defensor del Pueblo espera que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades responda por escrito sobre cuántos trámites de homologaciones de títulos universitarios extranjeros quedan por concluir, pues en el informe presentado hace un año por la institución ya se contabilizaban más de mil que entonces llevaban esperando dos años.
Así se recoge en el Informe anual de la actividad de la institución en 2024 que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, registró este martes en las Cortes Generales y entregó a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. Gabilondo también lo entregará este martes por la tarde al presidente del Senado, Pedro Rollán, en el Palacio del Senado.
En el informe registrado este martes, correspondiente a 2024, se señala que ya en el informe de 2023 “muchas de las cerca de 1.000 quejas recibidas” por la institución “se habían presentado hacía más de dos años, superando con creces el plazo máximo de resolución de seis meses”, y que “persistía la necesidad de establecer medidas para lograr normalizar la tramitación de estos procedimientos”.
En el informe de 2024 el equipo de Ángel Gabilondo refleja que para su elaboración se reunió con la Secretaría de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, “a fin de recabar información sobre el estado de las homologaciones ante las quejas recibidas” y que se informó de “nuevas medidas organizativas y procedimentales que han redundado en una reducción de los tiempos de tramitación”. “Así mismo, ha manifestado su compromiso de continuar adoptando cuantas medidas resulten posibles, en el actual marco normativo, para una tramitación más eficaz y en tiempos adecuados de estas solicitudes”, reflejó el informe.
Sin embargo, el Defensor del Pueblo remarcó que “se mantiene a la espera de recibir la preceptiva respuesta escrita, por parte de la Secretaría General de Universidades, a las peticiones de información requeridas”.
TÍTULOS NO UNIVERSITARIOS
La institución también urge en su informe a “adecuar” los criterios de homologación de títulos extranjeros no universitarios, pues “la normativa por la que se regula el régimen de equivalencias de estudios y títulos extranjeros no universitarios la constituyen órdenes dispersas” recogidas en leyes educativas anteriores a la vigente, por lo que “su aplicación estricta conduce por su rigidez en muchos casos a resultados no acordes con los principios y fines del sistema educativo”. “Urge la adecuación de estos criterios de homologación y convalidación a la ordenación del sistema educativo implantado por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación”, señaló el Defensor, en referencia a la anterior ley educativa, y no la actual Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (Lomloe).
“Sobre este fundamento se están llevando a cabo actuaciones ante la Secretaría de Estado de Educación y ante las administraciones educativas, en casos de alumnos —españoles o extranjeros— que han estudiado algún curso en el exterior o que proceden de centros extranjeros en España y no obtienen la homologación del título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato al incorporase al sistema educativo español, porque no acreditan haber superado la totalidad de las asignaturas del curso o cursos que pretenden homologar, lo que determina que no puedan continuar con sus estudios. La tramitación está en curso”, expuso el informe.
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