MADRID, 25 (SERVIMEDIA)
El Defensor del Pueblo pide al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes que se incluya a todos los alumnos con trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH) entre los colectivos prioritarios para recibir becas y ayudas educativas, pues el alumnado con este trastorno “presenta fracaso escolar y sí precisa el apoyo”, aunque no esté asociado a discapacidad o a necesidades educativas especiales.
Así se recoge en el Informe anual de la actividad de la institución en 2024 que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, registró este martes en las Cortes Generales y entregó a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. Gabilondo también lo entregará este martes por la tarde al presidente del Senado, Pedro Rollán.
“Las convocatorias prevén que el alumnado con TDAH únicamente puede beneficiarse de estas ayudas cuando deriva de una discapacidad u otros trastornos (trastornos graves de conducta o trastornos graves de la comunicación y del lenguaje), que además estén asociados a necesidades educativas especiales”, señala el informe.
Según el equipo de Gabilondo, “esta exigencia deja fuera de la convocatoria al alumnado con TDAH que no cumple estos requisitos, pero presenta alto grado de fracaso escolar y sí precisa el apoyo educativo específico”.
“El Defensor del Pueblo proseguirá las actuaciones realizadas en 2024 respecto de este colectivo, siguiendo el criterio de que, en el marco de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, para la concesión de estas ayudas se tiene en cuenta la existencia acreditada de necesidad especifica de apoyo educativo, y no cuál sea la causa de esta necesidad”, señaló.
El Defensor también refleja en su informe que ha actuado de oficio sobre distintos elementos del cálculo de rendimientos económicos de otros colectivos de cara a solicitar becas y ayudas educativas: “En ocasiones, las convocatorias pueden no contemplar suficientemente situaciones de vulnerabilidad económica o intereses de alcance social merecedores de atención, y así lo trasladó el Defensor del Pueblo para su valoración al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes”, por lo que se han producido “algunas situaciones vinculadas con los requisitos económicos de los solicitantes que, a juicio de esta institución, merecían ser revisadas”.
Un ejemplo de ello es el bono social térmico entendido como ganancia patrimonial o ayudas autonómicas para fomentar la natalidad, la protección de familias numerosas, familias de acogida de menores, lo que conllevó, según Gabilondo, a algunos solicitantes a estar “en la situación de tener que renunciar a estas ayudas para poder percibir las becas y ayudas al estudio”.
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