MADRID, 25 (SERVIMEDIA)
El Defensor del Pueblo recibe “frecuentemente” las quejas de los ciudadanos que están obligados a reintegrar prestaciones sociales que han podido cobrar de forma indebida por errores en la gestión a cargo de la propia Administración, o atribuibles a la “saturación” de los servicios administrativos y las demoras en tramitar los expedientes, por lo que considera que se deben adoptar medidas para aliviar la carga que sufren estas personas.
“Aunque las cuantías de esas prestaciones, por lo general asistenciales, sea de menor entidad, la suma de mensualidades (hasta cuatro años) y el requerimiento de reembolso practicado inicialmente de una sola vez, abocan a una situación insostenible a muchos afectados, para quienes la percepción de una de esas prestaciones ha servido apenas para sufragar los gastos de su día a día”, alerta el Defensor en su informe correspondiente al año 2024.
Dicho informe, entregado este martes por el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, cita como ejemplo de estas prestaciones las pensiones no contributivas (PNC), ingreso mínimo vital (IMV), rentas autonómicas de inclusión social, y prestaciones y subsidios de desempleo.
Ante esta situación, el Defensor inició actuaciones en 2024 con la Secretaría de Estado de Trabajo, de la que depende el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), y con la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones para pedir información sobre en qué medida se puede valorar la situación económica del beneficiario y encontrar una vía “menos gravosa” para que la cantidad reclamada pueda ser condonada, total o parcial, cuando el error o la demora sea imputable a la entidad gestora.
El establecimiento de un período de retroactividad máxima (tres meses); la suspensión inmediata del abono de la prestación, o la no aplicación de recargos o intereses son otras soluciones planteadas por la institución dirigida por Ángel Gabilondo.
Tras recibir respuesta de la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones, el Defensor del Pueblo considera que la configuración actual de los procedimientos de reintegro afecta de manera “desproporcionada” a varios colectivos vulnerables, por lo que ha resuelto ampliar actuaciones con dicha Secretaría, por entender que debe priorizarse la minimización de los reintegros en estos colectivos, con la expectativa de que puedan encontrarse los mecanismos necesarios para minimizar los efectos de los reintegros de prestaciones indebidas para las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad social y económica.
A juicio del Defensor del Pueblo, el marco básico de regulación en materia de reintegro de prestaciones de la Seguridad Social debe ser revisado con la “mayor brevedad posible”, lo que implicaría una modificación del artículo 55 de la Ley General de la Seguridad Social y, a continuación, los cambios correspondientes en la regulación de los procedimientos concretos de la Administración estatal y de las administraciones autonómicas.
CITA PREVIA
Por lo que se refiere a la gestión de la cita previa, la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones informó al Defensor del Pueblo de las medidas adoptadas para paliar las deficiencias en el sistema de citas de las oficinas.
Entre ellas, según la información facilitada por el Defensor, se encuentran la contratación de interinos; la creación de unidades provinciales telemáticas para que los funcionarios se dediquen exclusivamente a la atención al ciudadano; la prioridad en la atención a personas mayores de 65 años y a ciudadanos que puedan perder derechos económicos sin cita previa; la creación de una mesa de recepción y orientación rápida; la ampliación de la oferta de atención telefónica, y la implementación de nuevos canales de atención telemáticos para reducir desplazamientos y mejorar los servicios.
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