MADRID, 25 (SERVIMEDIA)
El Defensor del Pueblo ha atendido un “elevado volumen” de quejas de los ciudadanos con las suministradoras de gas y electricidad y ha detectado que los consumidores no saben muy bien ante qué órgano o administración tienen que acudir para resolver sus controversias por la complejidad del sector y “no existe un criterio uniforme” sobre el tipo de discrepancias que deben ser resueltas por los órganos con competencias en materia energética y las que deben serlo por los órganos de consumo.
Así se recoge en el Informe anual de la actividad de la institución en 2024 que el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, registró este martes en las Cortes Generales y entregó a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. Gabilondo también lo entregará al presidente del Senado, Pedro Rollán.
El Defensor del Pueblo expone que la regulación de los sectores energéticos es “compleja y en ocasiones confusa”, no solo por la participación de diferentes actores como distribuidoras y comercializadoras, sino por los distintos tipos de contratos (libre o regulado) que se pueden suscribir. “Ello provoca que, en un gran número de ocasiones, los consumidores no sepan muy bien ante qué órgano o administración tienen que acudir para resolver sus controversias”, admite.
Esto motivó una actuación de oficio por parte del Defensor del Pueblo con las administraciones autonómicas. Todas las administraciones requeridas remitieron sus contestaciones y se observó que “no existe un criterio uniforme” sobre el tipo de discrepancias que deben ser resueltas por los órganos con competencias en materia energética y las que deben serlo por los órganos de consumo.
Otro aspecto reseñable es la falta de desarrollo normativo del procedimiento de resolución de conflictos, lo cual propicia un escenario en el que “actualmente no es posible resolver administrativamente todas las reclamaciones de los consumidores”.
De igual modo, se detectó que a menudo los órganos de consumo no informan adecuadamente a la ciudadanía sobre las diferencias existentes entre la vía de la mediación (de ejecución voluntaria) y la vía del arbitraje (de ejecución obligatoria). También hay casos en los que la vía del arbitraje planteada por los consumidores no ha resultado efectiva al considerar erróneamente las autoridades de consumo que no existía una adhesión por parte de la empresa comercializadora, a pesar de ser una obligación legal, debido al contenido de las limitaciones y exclusiones que formulan las empresas comercializadoras a la hora de adherirse al sistema arbitral.
En ese sentido, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aceptó la recomendación del Defensor del Pueblo para que sus tareas de supervisión alcancen al contenido real de las adhesiones. El Defensor del Pueblo también dirigió una sugerencia a las autoridades de consumo de la Comunidad de Madrid para que interpreten de forma restrictiva esas limitaciones y exclusiones, que no fue aceptada.
El Defensor del Pueblo también remitió tanto al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico como a las comunidades autónomas una sugerencia para que se impulsase la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Energía para debatir, entre otras, la incorporación eficaz de las empresas comercializadoras al sistema de resolución extrajudicial de litigios. Estas actuaciones siguen en curso.
Por otra parte, el organismo recibió quejas de ciudadanos que, por una identificación errónea del Código Unificado de Punto de Suministro (CUPS), sufren cambios no consentidos de comercializadora de electricidad. Por ello, esta institución inició actuaciones ante la CNMC y le sugirió incoar un expediente sancionador contra una comercializadora que la CNMC rechazó amparándose en que el consumidor afectado puede reclamar los daños.
Igualmente, el Defensor del Pueblo viene señalando que la situación de los habitantes de la Cañada Real Galiana en Madrid es “de extrema vulnerabilidad” debido a los cortes de luz que afectan a la población que vive en este barrio. El Defensor del Pueblo habilitó su legitimación y remitió un informe ante el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa. Al tiempo de cierre de este informe se conoció la decisión del Comité que encuentra vulnerados hasta diez derechos consagrados en la Carta Social Europea por parte de España y considera que el Estado no ha cumplido con sus obligaciones de proteger y mejorar las condiciones de vida en la Cañada Real. Así, el Defensor del Pueblo reitera sus recomendaciones a los poderes públicos para restablecer el suministro eléctrico a la Cañada Real.
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