Pide a los municipios revisar planes de ordenación municipales para adaptarse a riesgos derivados de fenómenos extremos, como inundaciones
MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
El Defensor del Pueblo ha asegurado que estará “atento” a la respuesta “que es de esperar” de las autoridades públicas tras la dana del pasado mes de octubre, como se refleja en el Informe Anual de la institución, entregado este martes a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol y que esta tarde será entregado al presidente del Senado, Pedro Rollán, en el Palacio del Senado.
En el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, el Defensor “considera necesario “hacer una referencia a las danas que afectaron principalmente a la Comunitat Valenciana, “ocasionando la desaparición de tantos seres humanos y dejando una gran cantidad de daños materiales muy graves que afectan a muchos conciudadanos”.
En el texto, la institución precisa que, “dada la proximidad de la fecha, el 29 de octubre, el informe solo puede recoger un pequeño reflejo de la magnitud de sus consecuencias”. “Pero seguiremos atentos a la respuesta que es de esperar de las autoridades públicas, y de ello proseguiremos dando cuenta en actuaciones y en informes sucesivos”, avanza.
Además, lamenta “expresamente la pérdida de vidas humanas” y manifiesta el “afecto y pésame a los familiares y allegados de quienes fallecieron como consecuencia de esta catástrofe”, al tiempo que reconoce “a quienes en cumplimiento de sus obligaciones y más allá de ellas, han trabajado y trabajan por la reconstrucción de las zonas afectadas”.
En materia de Urbanismo, la institución reitera a los municipios “la necesidad de que revisen los planes de ordenación municipales para adaptar la ordenación de los usos del suelo a los riesgos derivados de los fenómenos extremos, especialmente al riesgo de inundación”.
En este punto, recuerda que los expertos “coinciden en señalar que, como consecuencia del cambio climático, se está produciendo un aumento de la intensidad y frecuencia de estos fenómenos, como los acaecidos con las danas de finales de octubre y principios de noviembre de 2024 en distintas localidades de la Comunitat Valenciana, Castila-La Mancha y Andalucía”.
Por ello, considera que “una correcta planificación del territorio y de los usos es una herramienta imprescindible para conseguir minimizar los daños que puedan producirse”. Así, señala que los municipios “han de tener en cuenta los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación y han de adaptarse a los planes de gestión de este riesgo que elaboran las demarcaciones hidrográficas y organismos de cuenca”.
Como ha recordado, “estos planes tienen como objetivo lograr una actuación coordinada de todas las administraciones públicas y la sociedad para reducir las consecuencias negativas de las inundaciones, basándose en los programas de medidas que cada una de las administraciones debe aplicar en el ámbito de sus respectivas competencias”.
El planeamiento municipal debe, además, tener en cuenta e incorporar las previsiones de los planes territoriales de prevención de riesgos de inundación que se hayan adoptado en el ámbito autonómico correspondiente, añade el documento.
El informe también pone el foco en los empleados públicos afectados por la dana y enfatiza en que “los intereses generales no tienen por qué verse perjudicados porque determinados funcionarios afectados por la dana disfruten de determinados permisos retribuidos o medidas que la norma objeto de análisis establece, como la del teletrabajo obligatorio”.
SEGUIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ESCOLARES AFECTADAS
En materia de educación y al referirse a las instalaciones escolares, indica que las danas “causaron gravísimos daños en instalaciones educativas de las zonas más afectadas, lo que supuso el consecuente cierre de muchos centros escolares” y precisa que la Administración educativa es “la que conoce en toda su magnitud el alcance de los daños y dispone de la información para atender las necesidades y garantizar el derecho a la educación del alumnado afectado”.
Por ello, el Defensor del Pueblo indica que trasladó a la Administración competente de las quejas recibidas al respecto y “hará seguimiento de las actuaciones” que se lleven a cabo.
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