MADRID, 25 (SERVIMEDIA)
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, trasladó este martes su “preocupación” por el funcionamiento de las Oficinas de Extranjería, dada la “disparidad de criterios” en cuanto a la gestión de diversos trámites apreciada en estos espacios.
Así lo expuso en su informe anual presentado hoy, donde lamentó que “la dependencia orgánica y funcional” de estas oficinas “no contribuye a la existencia de unos criterios únicos” en la gestión de los expedientes.
Tras la recepción de varias quejas relacionadas con los requisitos para eximir de la obligación de un contrato en las solicitudes de autorización de residencia por arraigo, el Defensor apreció la existencia de criterios dispares entre las Oficinas de Extranjería.
Por ello, formuló una Recomendación a la Secretaría de Estado de Migraciones, que concluyó con diferencia de opinión.
Otra cuestión en la que se aprecian diferencias entre las distintas Oficinas de Extranjería tuvo que ver con la consideración de los datos del padrón municipal como prueba de residencia habitual. Esto motivó una Sugerencia y Recomendación a la Subdelegación del Gobierno en Málaga, que se aceptaron parcialmente.
Las numerosas quejas sobre las dificultades para garantizar la atención presencial en las Oficinas de Extranjería a las personas mayores de 65 años, personas con discapacidad o afectadas por la brecha digital también impulsaron la formulación de una Recomendación a la Secretaría de Estado de Política Territorial. En su respuesta, el citado organismo señalaba que no tenía constancia explícita de este asunto.
Así pues, “continúan abiertas las actuaciones”, apuntó el Defensor, “a la vista de que es uno de los motivos recurrentes de queja”.
También denuncia el informe que numerosas personas reportaron que, ante la imposibilidad de acceder a una cita, intentaron sin éxito ser atendidas personalmente en las Oficinas de Extranjería. Según indicaban, es el personal de seguridad quien les informa de la necesidad de obtener la cita para acceder a las dependencias.
Otra cuestión que preocupa especialmente a la institución se refiere a los procedimientos de residencia en los que se encuentran implicados menores de edad. Por ello, el Defensor avanzó que esta cuestión “será objeto de un tratamiento específico tras el presente informe anual”.
A su vez, el Defensor advirtió que, mientras no exista un procedimiento alternativo para las solicitudes de quienes demandan protección internacional, será “muy difícil” adoptar medidas que contribuyan a aligerar y racionalizar la carga de trabajo excesiva que padece la Oficina de Asilo y Refugio (OAR).
El informe también aborda el nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería y plantea cuestiones respecto de su aplicación práctica. Por ello, “habrá que esperar a su entrada en vigor para hacer una valoración por parte de esta institución”.
Por otro lado, Gabilondo lamentó que aún no se ha firmado el protocolo para la comunicación de datos relativos a la salud de las personas extranjeras acogidas en un centro de estancia temporal de inmigrantes cuando son trasladadas a un CIE.
Durante 2024, la institución recibió “numerosas” quejas por las condiciones en los distintos recursos del sistema de acogida humanitaria. El mismo Defensor lo constató tras su visita no anunciada al Centro de Atención y Derivación de Alcalá de Henares (Madrid).
Entre otras, criticó la falta de adecuación de las instalaciones para una estancia prolongada en el tiempo; las limitaciones en el número de intérpretes, servicios jurídicos, sanitarios y psicosociales; y la presencia de presuntos menores de edad y de un número elevado de personas que manifestaban tener necesidades de protección internacional y que no lograban obtener cita para pedir asilo.
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