Pide a la inspección educativa que curse requerimientos si constata que las actividades no se adecuan a los principios de inclusión
MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha criticado que las dificultades para acceder a las actividades extraescolares para el alumnado con discapacidad “son mayores debido a la escasa oferta dentro y fuera del horario escolar, o en períodos no lectivos; a los problemas de accesibilidad del entorno en que se realizan; y a la ausencia de monitores cualificados.
Así lo ha reflejado el Defensor del Pueblo en su Informe Anual 2024, recogido por Europa Press, presentado este martes en el Congreso de los Diputados.
La incorporación prioritaria de este colectivo a las actividades extraescolares y de ocio, sin discriminación y en igualdad de oportunidades, es, según recoge la institución en su informe, una demanda constante de los movimientos asociativos que luchan por los derechos de las personas con discapacidad y de las unidades familiares, especialmente de las madres, sus principales cuidadoras.
El Defensor destaca que para los niños con discapacidad física o intelectual, las actividades extraescolares y los campamentos de verano son doblemente beneficiosos, ya que además de ayudarles a disfrutar de su tiempo de ocio, “mejoran su salud física y contribuyen a generar y fortalecer sus relaciones sociales”.
Así, por ejemplo, tocar un instrumento musical o cantar son actividades extraescolares recomendadas para los niños con trastorno del espectro autista (TEA) y con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).
El Defensor del Pueblo, en el período al que se refiere este informe, como en años anteriores, ha tramitado diversas quejas relacionadas con la participación de los menores con necesidades educativas especiales en las actividades extraescolares, en los servicios de ampliación de horario escolar y en los campamentos o escuelas de verano.
Conforme a lo establecido en la Ley educativa, los equipos directivos y el profesorado deben estar acordados con el principio de autonomía, de responsabilidad y eficiencia, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio educativo. Ello conlleva configurar el proyecto educativo y planificar las actividades docentes, entre las que se incluyen las actividades complementarias y extraescolares, con fines puramente educativos y ajustados a los principios de inclusión y no discriminación.
El Defensor del Pueblo subraya que, en este contexto normativo, el hecho de que no exista una norma -estatal o autonómica- que claramente establezca la necesidad de dar atención a cualquier alumno con discapacidad dentro de las actividades extraescolares, “no significa que quede al arbitrio de quienes gestionan las condiciones de participación”.
LA EDUCACIÓN INCLUSIVA NO SE CIÑE SOLO AL AULA
“La educación inclusiva no se ciñe solo al aula, sino también al conjunto de servicios y actividades en las que cualquier alumno pueda participar dentro o fuera del ámbito escolar (aula matinal, comedor escolar, actividades extraescolares, campamentos, ludotecas, etc.), todas ellas decisivas para lograr la plena inclusión de los estudiantes con elevado grado de discapacidad y de dependencia”, asevera.
Para Gabilondo, esta responsabilidad, asimismo, ha de ser asumida por la inspección educativa que, como órgano encargado de supervisar la programación general anual y comprobar su adecuación a lo establecido en las disposiciones vigentes, deberá cursar los requerimientos que resulten procedentes cuando constate que las actividades aprobadas por el centro educativo no se adecuan a los principios de inclusión y no discriminación de las personas con discapacidad.
En este sentido, son varias las actuaciones abiertas por el Defensor del Pueblo en 2024 para determinar el alcance de la responsabilidad de la Administración educativa en la exigencia de que, en todas las actividades extraescolares y servicios que se desarrollan en las instalaciones escolares, se cumpla la obligación legal de dotar de los recursos necesarios para que los alumnos con necesidades educativas especiales puedan participar en igualdad de condiciones, y ello tanto si han sido organizadas por el centro educativo como por las asociaciones de familias o entidades locales.
Un caso de incumplimiento, en centros ordinarios de atención preferente a alumnos con necesidades educativas especiales, llevó al Defensor del Pueblo a reiterar una recomendación a la Comunidad de Madrid, con el fin de recordar a los centros educativos que las actividades extraescolares, aunque tengan lugar fuera del horario lectivo, deben ser congruentes con su proyecto educativo, de modo que se garantice una oferta adecuada para los alumnos de necesidades educativas especiales y dispongan de los recursos materiales y personales necesarios para posibilitar su participación en igualdad de condiciones que otros alumnos.
Con la información remitida en 2024 por la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, el Defensor entendió aceptada dicha recomendación, en la medida en que las autoridades educativas habían dado las oportunas indicaciones para que las actividades extraescolares ofertadas por el centro educativo, incluidas las organizadas fuera del horario escolar por el ayuntamiento, dispusieran de monitores específicos que hagan posible la participación de este alumnado.
“El diseño o planificación de las actividades extraescolares debe tener en cuenta a todo el alumnado del centro, incluido aquel que tiene necesidades educativas especiales, que son alumnos del centro a todos los efectos”, remarca el informe.
CAMPAMENTOS Y ACTIVIDADES EN PERÍODOS NO LECTVIS
Otro de los motivos recurrentes de queja recibidas por el Defensor del Pueblo ha sido el relativo a la participación de los alumnos con necesidades educativas especiales en las escuelas o campamentos de verano, y en todas aquellas actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas realizadas fuera del horario escolar o en períodos no lectivos.
La institución, partiendo del carácter necesariamente inclusivo con que estas actividades de carácter lúdico deben desarrollarse, entiende que, al margen de cómo haya sido articulada su financiación, las administraciones implicadas deben disponer en todo caso del personal necesario para atender a este alumnado en todos aquellos aspectos no educativos en que pueda necesitar ayuda, y en este sentido ha llevado a cabo diversas intervenciones que han permitido la participación de menores con discapacidad.
En este contexto, hace referencia a la recomendación formulada al Ayuntamiento de Alcantarilla (Murcia), y la posterior actuación seguida ante la Consejería de Educación y Formación Profesional de la Región de Murcia, para que por las administraciones competentes se dotase a los proyectos y actividades municipales desarrollados en el marco del Plan Corresponsables de los recursos personales necesarios, de forma que no resulte segregadora o discriminatoria para ningún niño o adolescente y se garantice su adecuada atención y seguridad personal.
El Defensor del Pueblo considera que convendría una definición más precisa de cuáles son los “recursos de atención especializada y personal especializado para la atención a necesidades educativas especiales”, para contribuir a dar una mayor seguridad en la ejecución de los fondos destinados a financiar los recursos personales con que deben ser dotados, en cada caso, estos proyectos, garantizando el acceso de estos menores a las actividades de conciliación del Plan Corresponsables.
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